Abogado denuncia vulneración de derechos por sistema biométrico del Poder Judicial de Veracruz
Por Julio Altamirano
El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz anunció el pasado 22 de octubre la creación de un sistema biométrico para controlar el acceso y salida de instalaciones y verificar la identidad de abogados, personas usuarias y trabajadores del Poder Judicial.
El sistema obliga a los visitantes a registrar datos biométricos, incluyendo reconocimiento facial e iris, para ingresar a los edificios judiciales. Sin embargo, el abogado Valentín Olmos Alfonso presentó una queja formal luego de que se le impidiera el acceso por negarse a proporcionar sus datos biométricos, alegando que esto vulnera su derecho de acceso a la justicia.
Olmos señaló que no se le entregó un aviso de privacidad sobre el tratamiento de sus datos personales, ni se ofreció una alternativa razonable para acreditar identidad sin registrarse, como se hacía previamente. Además, denunció un trato diferenciado, ya que proveedores de servicios ingresan sin cumplir con el registro biométrico.
El abogado expresó su preocupación por el manejo inseguro de la información, que queda almacenada en equipos de cómputo sin especificar medidas de protección. Destacó que los datos biométricos son considerados personales sensibles y requieren consentimiento informado, conforme a la Constitución Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley 316 del Estado de Veracruz.
Olmos solicitó al Órgano de Administración Judicial que revise y regule los mecanismos de acceso, garantice la protección de datos personales y restaure el derecho de ingresar a los edificios judiciales sin condicionarlo al registro biométrico. También denunció que en algunos juzgados municipales se ha limitado el acceso de litigantes, obligándolos a trasladarse a Xalapa para registrarse.
Expertos en protección de datos alertaron que con este sistema se trata a los abogados como empleados del Poder Judicial y que no existe legislación clara para sancionar el mal uso de los datos, ni información sobre medidas de seguridad o aviso de privacidad disponible para los visitantes.
