1 de noviembre de 2025

 

Denuncian distribución desigual del gasto en programas sociales del Bienestar

Por Rebeca Solano

Durante un análisis sobre el presupuesto federal destinado a los 15 programas sociales del Gobierno del Bienestar, especialistas y legisladores advirtieron una marcada desigualdad en la asignación de recursos públicos, donde algunos programas absorben la mayor parte del gasto mientras otros —considerados estratégicos para el desarrollo productivo— reciben montos mínimos.

De acuerdo con los datos presentados, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra 483 mil millones de pesos, equivalentes al 57% del total destinado a programas sociales. En contraste, el programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos recibe apenas 12 mil 500 millones de pesos, es decir, solo el 1.49% del presupuesto total.

Críticos de esta distribución señalaron que los recursos se concentran en programas con bajo retorno económico y sin generación de empleos, mientras que los sectores productivos, como la agricultura, quedan desatendidos.

“Nos están dando migajas. El programa de precios de garantía apenas representa el 1.49% del gasto, cuando es el único que genera riqueza y empleo en el sector primario”, señaló uno de los participantes en el análisis.

Según este planteamiento, los programas de apoyo directo —aunque populares y útiles para captar votos— no generan productividad ni fortalecen la economía nacional. En cambio, los programas agrícolas como Precios de Garantía podrían tener un retorno de inversión real, al impulsar el campo y beneficiar al resto de los sectores económicos.

Los críticos también cuestionaron la falta de criterios técnicos para definir la asignación presupuestal y acusaron que el diseño de los programas responde más a fines electorales que a una estrategia de desarrollo sostenible.

“Estos programas fueron creados para conseguir votos y perpetuarse en el poder. Descuidaron el futuro del país”, denunciaron.

El llamado se dirigió al Congreso de la Unión para revisar la distribución de recursos y aumentar el presupuesto para el sector primario, advirtiendo que de no hacerlo podría desatarse una crisis social en las zonas rurales.