México implementa CURP biométrica, pero expertos alertan sobre riesgos de vigilancia
Por Rebeca Solano
El gobierno mexicano inició la implementación de la CURP biométrica, una versión del registro poblacional que ahora almacenará huellas, iris, rostro y firma electrónica de cada habitante. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema busca combatir la corrupción y facilitar la localización de personas desaparecidas.
Sin embargo, especialistas y colectivos advierten que, sin supervisión independiente ni medidas sólidas de ciberseguridad, podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva.
La iniciativa fue formalizada en julio de 2025 y será obligatoria a nivel nacional a partir de febrero de 2026, tras una reforma a la Ley General de Población. Su entrada en vigor coincide con la disolución del INAI, eliminando un órgano autónomo que antes garantizaba la protección de datos personales.
Organizaciones como Artículo 19 alertan que el manejo centralizado de información biométrica —en un país con historial de corrupción, hackeos y filtraciones— genera riesgos de abuso estatal y pérdida de privacidad. La preocupación aumenta ante nuevas leyes que permiten la interconexión de bases de datos públicas y privadas, facilitando el rastreo de ciudadanos por rostro, teléfono o geolocalización.
El gobierno defiende el proyecto como una medida clave para encontrar desaparecidos, pero familiares de víctimas lo consideran insuficiente y utilitario, señalando que el problema no es técnico sino político.
Entre migrantes y comunidades vulnerables también crecen los temores, ya que la CURP biométrica podría volverse un requisito obligatorio para acceder a servicios básicos, exponiendo a personas en riesgo a revictimización o persecución.
Especialistas en tecnología como Nancy Salazar reconocen que la medida podría modernizar la identificación nacional, pero advierten que los datos biométricos son irreversibles y extremadamente sensibles, y que México aún carece de infraestructura digital suficiente, especialmente en zonas rurales.
Aunque el gobierno afirma que la CURP biométrica es opcional, el decreto legal establece su uso obligatorio, reforzando el debate entre modernización y vigilancia, y destacando la necesidad de transparencia, alfabetización digital y controles ciudadanos antes de su aplicación total.
