Crece polémica por responsabilidad del gobernador de Michoacán tras asesinatos de Carlos Manzo y líderes limoneros
Por Rebeca Solano
La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y de varios líderes limoneros ha reactivado el debate sobre la responsabilidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la crisis de seguridad de Michoacán.
Durante meses, Manzo rogó por ayuda, canceló el Grito de Independencia pidiendo «auxilio urgente» y clausuró obras públicas exigiendo seguridad, mientras el gobierno estatal permanecía ausente. En julio de 2025, Manzo responsabilizó públicamente a Bedolla por la crisis, denunciando “presuntos abusos, corrupción y complicidad del gobierno estatal con grupos criminales”.
Paralelamente, el líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora, se burlaba del alcalde, diciendo que «no es a gritos ni a sombrerazos como se van a resolver los problemas que hay en Uruapan», mientras Manzo enfrentaba cinco cárteles simultáneamente y vivía con chaleco antibalas temiendo por su vida.
Dos semanas antes del asesinato del alcalde, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán, fue torturado y ejecutado el 20 de octubre tras denunciar extorsiones del narco, pese a contar con escoltas y vehículo blindado asignados por el gobierno estatal, que fueron retirados al llegar a Apatzingán. Bravo se convirtió en el tercer líder limonero asesinado en menos de un año bajo este gobierno.
Los números reflejan la magnitud de la crisis: bajo la administración de Bedolla, Michoacán registra 533 homicidios y seis alcaldes asesinados solo en 2025, además de tres líderes limoneros ejecutados en un año. En julio, Manzo acusó directamente al gobernador y a la Guardia Civil de extorsiones, agresiones y violaciones a derechos humanos, señalando que “las fuerzas estatales se enfocan en reprimir a la sociedad en lugar de enfrentar a los grupos delictivos”.
Hoy, tras los asesinatos, Bedolla condena “enérgicamente” los atentados y promete que “el crimen no quedará impune”, pero durante los meses de alertas y denuncias de Manzo y líderes productivos, el gobierno estatal no ofreció protección efectiva. Incluso, en febrero de 2025, el Colegio de Abogados de Uruapan exigió al gobernador garantizar seguridad o renunciar, sin obtener respuesta.
