Por Silvia Núñez Hernández
Ayer, sin previo aviso, sin fundamento jurídico, sin investigación y sin una sola diligencia real, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intentó hacer lo impensable: cerrar dos quejas activas —una contra la CEAPP y otra contra la CEEAIV— y dar por “concluida” la Recomendación 06/2021, pese a que no ha sido cumplida en ningún punto esencial.
No hubo reparación, no hubo medidas de no repetición, no hubo sanciones, no hubo verificación ni seguimiento, y no existe un solo acto jurídico que permita su cierre. Lo que se intentó fue borrar todas las rutas legales que documentan la violencia institucional ejercida en mi contra desde 2019, mediante maniobras administrativas que violan la Constitución, la Ley de Víctimas y los tratados internacionales.
Este triple intento ilegal no fue un error: fue una operación, y revela algo más grave que la incompetencia: la CEDH ya no actúa como garante, sino como pieza activa de una maquinaria de poder que responde a intereses externos, particularmente a la influencia de Namiko Matzumoto Benítez, titular de la CEEAIV.
La actual presidenta encargada de la CEDH, Minerva Regina Pérez López, no actúa con independencia ni mandato constitucional. Opera como ejecutora subordinada, protegiendo a la CEEAIV, la CEAPP y a la red de poder que domina el sistema de derechos humanos en Veracruz.
1. Jerarquía paralela y sometimiento político
La captura institucional se origina en la CEEAIV, desde donde Namiko Matzumoto Benítez consolidó un control político que hoy domina a la CEDH.
Minerva Regina Pérez López reproduce instrucciones: no investiga, no protege, no analiza y viola el artículo 102 B constitucional al firmar resoluciones que suprimen derechos de las víctimas.
La CEAPP, a través de su Presidente y Secretario Ejecutivo, cierra casos incómodos, minimiza denuncias y silencia agresiones contra periodistas, alineándose al mismo mando político.
2. La CEDH como espacio de encubrimiento y simulación
La institución encargada de vigilar al Estado hoy actúa como su escudo.
La CEDH fabrica expedientes ilegales, simula investigaciones, distorsiona reglamentos y produce acuerdos sin sustento jurídico.
En esta operación participan directamente Jacqueline Sánchez Jardines, Elba Elena González Fernández y Minerva Regina Pérez López.
Jacqueline fabrica archivos sin investigar, Elba ejecuta cierres fraudulentos y Minerva legitima todo con su firma.
Sus actos constituyen prevaricación, abuso de autoridad, desviación de poder y violencia institucional sistemática.
3. La CEEAIV decide quién existe como víctima
La CEEAIV opera como un filtro político, que decide quién merece ser reconocida como víctima y quién debe ser borrada jurídicamente.
No repara el daño: lo encubre. No garantiza derechos: los cancela.
4. La CEAPP abandona periodistas para proteger al poder
La CEAPP ya no protege periodistas; protege al Estado.
Minimiza agresiones, diluye violencias, cierra expedientes sin investigar y garantiza impunidad institucional.
5. Violencia institucional como diseño de gobierno
Las tres instituciones repiten el mismo patrón:
cerrar expedientes sin investigar, negar justicia, fabricar acuerdos ilegales y borrar derechos vigentes.
Esto no es casualidad: es un diseño político, alineado con un modelo de control, silenciamiento y neutralización del periodismo.
6. Llamado urgente a la prensa
Hoy la CEAPP no protege: agrede con su abandono.
Llamo a todas y todos los periodistas violentados a presentar sus quejas ante la CEDH, porque documentar deja rastro y exhibe los patrones que el poder quiere ocultar.
7. Exigencia final
Por la operación ilegal de cierre, la manipulación deliberada de expedientes y la violación directa de mis derechos, exijo la destitución inmediata de:
- Jacqueline Sánchez Jardines
- Elba Elena González Fernández
- Minerva Regina Pérez López
Sus actos no son administrativos: son criminales, contrarios a la Constitución, a la Ley de Víctimas y a los tratados internacionales.
Mientras ellas permanezcan en la CEDH, el organismo no será garante de derechos, sino un riesgo para todas las víctimas, para las mujeres y para el periodismo en Veracruz.
Y por eso esta columna existe: para nombrar lo que quieren esconder y exigir lo que la ley obliga.
