Sentencia de la Corte IDH rompe casi 20 años de impunidad en el caso Ernestina Ascencio
Por Alberto Mejía
Durante casi dos décadas, el nombre de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años, permaneció sepultado bajo versiones oficiales contradictorias, silencios institucionales y una narrativa estatal que negó la violencia ejercida en su contra. Hoy, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rompe ese cerco y coloca al Estado mexicano frente a sus responsabilidades.
Los hechos
La mañana del 25 de febrero de 2007, Ernestina salió de su vivienda en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, para pastorear a sus ovejas, como lo hacía cotidianamente. No regresó esa tarde.
Horas después, fue localizada gravemente herida, con golpes severos y signos de violencia sexual. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a declarar en su lengua materna que había sido atacada por “hombres vestidos de verde”. A escasa distancia del lugar operaba un campamento del Ejército mexicano, desplegado como parte de la estrategia federal de seguridad iniciada en 2006.
Atención médica tardía y abandono institucional
El traslado a un centro médico tomó más de 10 horas, evidenciando el abandono histórico de las comunidades indígenas. Ernestina fue ingresada al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió la madrugada del 26 de febrero sin recibir atención quirúrgica y sin intérpretes que permitieran una comunicación adecuada.
Los primeros dictámenes médicos confirmaron agresión sexual. Sin embargo, la versión oficial cambió abruptamente. Días después, el entonces Presidente de la República declaró públicamente que la causa de muerte había sido una “gastritis crónica”, versión que fue replicada por autoridades federales, estatales y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Un fallo con implicaciones estructurales
Suárez Cabrera, representante de la Asociación de Abogadas y Defensoras de Derechos Humanos (AJDH), subrayó que el fallo de la Corte IDH abre la puerta a medidas de no repetición que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México.
Las organizaciones firmantes señalaron que esta resolución constituye una jurisprudencia clave contra el racismo estructural, y exigieron al Estado mexicano una hoja de ruta clara e inmediata para el cumplimiento integral de la sentencia, recordando que 2025 fue declarado oficialmente como el “Año de las Mujeres Indígenas”.
Una herida abierta
El caso Ernestina Ascencio permanece como un recordatorio incómodo: cuando el Estado falla, la impunidad se convierte en política pública, y cuando la justicia llega tarde, lo hace para exhibir todo aquello que se quiso ocultar.
