Red de presuntos fraudes inmobiliarios/Al Calor Politico
Por Redacción
Una red de presuntos fraudes inmobiliarios, sustentada en documentos falsos, abogados sin cédula profesional y resoluciones judiciales cuestionables, volvió a quedar al descubierto en Xalapa y la región, luego de una serie de denuncias formales que apuntan a la operación de lo que la propia víctima identifica como el “cártel inmobiliario”, con posibles ramificaciones en juzgados, notarías y oficinas públicas de Veracruz.
La ciudadana María Claudia Rosado García presentó y amplió denuncias penales y quejas administrativas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General de la FGE y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, al señalar que fue víctima de un fraude procesal que derivó en el embargo y retención de su vehículo, así como en diversas actuaciones judiciales sin sustento legal.
Durante entrevista, la denunciante explicó que lleva casi un año intentando recuperar su camioneta Mazda CX-30 modelo 2021, de la cual cuenta con factura original, por lo que decidió hacer pública su situación. “Me veo en la necesidad de denunciar el fraude del que fui víctima, presuntamente cometido por el llamado cártel inmobiliario que opera en Xalapa”, señaló.
De acuerdo con documentación oficial, la investigación quedó registrada bajo la carpeta XAL/DXI/F8/276/2025, radicada en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa, donde se investigan presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y encubrimiento por favorecimiento.
Según los escritos presentados, los hechos se originaron a partir de un supuesto adeudo sustentado en un pagaré falso. Rosado García relató que fue interceptada y despojada de su vehículo por autoridades de Tránsito del Estado en Actopan, como parte de un embargo ordenado dentro del expediente 767/2024 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, promovido por Rigoberto Peña Rojano.
La denunciante subrayó que nunca existió relación jurídica previa con quienes la demandaron. “He sido demandada por personas que no conozco, dentro de un procedimiento del cual no tuve contacto previo ni acuerdo alguno”, afirmó.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la presunta falsedad en la representación legal. En una ampliación de denuncia se expone que Peña Rojano señaló como abogado patrono a Miguel Kal-El Franzoni Morales, citando la cédula profesional 12605019. Sin embargo, tras una consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, se acreditó que no existe cédula profesional registrada a nombre de esa persona, y que dicho número corresponde en realidad al Licenciado en Derecho Miguel Othón Morales Franzoni.
Esta irregularidad fue denunciada como falsedad ante la autoridad, delito previsto en el artículo 333 del Código Penal de Veracruz, y respaldada con pruebas documentales oficiales emitidas por la Dirección General de Profesiones, mismas que ya fueron integradas formalmente a la carpeta de investigación.
(Con información de Al Calor Politico)
