Presidencia nombra directivos sin licenciatura
Por Rebeca Solano
La Oficina de la Presidencia de la República concentra al menos 60 funcionarios en cargos directivos y de mando medio que no cuentan con licenciatura, pese a que la normatividad de la Administración Pública Federal exige este grado académico para ocupar direcciones, subdirecciones y jefaturas de área.
De acuerdo con documentos oficiales revelados por EMEEQUIS, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo fueron designados en áreas estratégicas de Presidencia servidores públicos con estudios de secundaria o bachillerato, algunos de ellos sin experiencia previa fuera del partido Morena e incluso choferes convertidos en directores.
La normatividad del Servicio Profesional de Carrera establece como requisito indispensable contar con título de licenciatura para ocupar estos cargos; sin embargo, en Presidencia se incumple de manera sistemática, permitiendo que funcionarios sin dicho grado académico perciban sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales.
Entre los casos documentados destaca Juan Carlos Guerrero Catarino, director de área en la Unidad de Administración y Finanzas, con grado de bachillerato y un salario bruto superior a 72 mil pesos mensuales. También figura Marco Antonio Meneses Flores, subdirector de área con nivel secundaria, adscrito a la Secretaría Técnica del Gabinete, con funciones de “análisis documental” y un sueldo cercano a los 40 mil pesos mensuales.
Otro caso es el de Alberto Daniel Rojas Márquez, chofer de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ocupa una dirección de área pese a contar únicamente con secundaria, con ingresos anuales superiores a 680 mil pesos, cifra que ha aumentado desde la administración anterior.
Asimismo, se documentan subdirectores y jefes de departamento con bachillerato o carreras truncas, varios de ellos provenientes directamente de puestos operativos o administrativos en Morena, quienes ahora ocupan cargos en Recursos Materiales, Recursos Humanos, Comunicación Social y Ayudantía Presidencial.
La revelación contrasta con el discurso oficial de profesionalización del servicio público, así como con la narrativa de austeridad y mérito promovida por la Cuarta Transformación, ya que la preparación académica dejó de ser requisito cuando existe cercanía política.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una postura oficial sobre el incumplimiento de los perfiles académicos ni sobre la legalidad de los nombramientos señalados.
