AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Rocío Nahle
¿criminalizando periodistas y tolerando el asesinato de quienes informan es como pretende “poner de moda” a Veracruz?
Porque eso es lo que hoy se percibe: un gobierno más diligente para perseguir comunicadores incómodos que para detener a quienes los matan.
El asesinato del reportero Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, no puede leerse como un hecho aislado ni como una desgracia fortuita. Es la consecuencia directa de un entorno institucional podrido, donde el mensaje es claro: informar cuesta, y cuesta caro.
Hay un dato que resulta imposible de ignorar: horas antes de ser acribillado, Carlos Castro seguía haciendo su trabajo. Las últimas publicaciones difundidas en su medio daban cuenta de hechos violentos en la región norte del estado, reportes policiacos, escenas que exhiben la normalización del horror en Veracruz. No había repliegue, no había silencio. Había periodismo en ejercicio.
Ese contexto no explica el crimen, pero sí agrava la responsabilidad del Estado. Porque no se trata de sorpresa ni de desconocimiento del riesgo: se trata de plena conciencia de las condiciones en las que se ejerce la labor informativa y de una decisión política de no corregirlas.
Mientras los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Castro siguen sin nombre y sin rostro, Veracruz arrastra un antecedente infame que sigue marcando la pauta: el uso del aparato de justicia para criminalizar periodistas. El caso de Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, acusado indebidamente del delito de terrorismo, dejó al descubierto una fiscalía capaz de fabricar imputaciones con una rapidez que jamás muestra para esclarecer homicidios. El cargo se cayó por falta de pruebas; la advertencia quedó.
Ese episodio no fue un error aislado. Fue una señal.
Y la señal es brutal: es más fácil fabricar delitos contra periodistas que enfrentar a quienes los asesinan.
Hoy, tras la ejecución de Carlos Castro, la exigencia es mínima y urgente: la misma agilidad que se ha mostrado para construir narrativas penales contra comunicadores debe aplicarse —sin pretextos— para investigar, localizar y procesar a los responsables de este homicidio. No discursos, no condolencias, no mesas estériles: resultados reales.
Pero la responsabilidad no termina en la Fiscalía. Existe una instancia que debería estar del lado del gremio y que debe medir cada palabra que emite: la CEAPP. Una comisión creada para proteger periodistas no puede —ni por acción ni por omisión— convertirse en un espacio de sospecha, señalamiento o estigmatización.
Y aquí es indispensable decirlo sin rodeos: el comisionado Pablo Jahir debe tener muchísimo cuidado con lo que escribe y sugiere. Porque el gremio conoce bien las prácticas ruines, mercenarias y cobardes que históricamente han servido para congraciarse con el poder a costa de los periodistas. Y no estamos dispuestos a permitir que esa lógica se reinstale desde una institución de “protección”.
Cada insinuación, cada juicio velado, cada descalificación desde un cargo público abona al riesgo, legitima la criminalización y pone en peligro vidas. Eso no es opinión: es responsabilidad institucional.
La CEAPP no existe para complacer al gobierno de Rocío Nahle ni para actuar como su correa de transmisión. Existe para defender al gremio, exigir justicia y acompañar a quienes informan en condiciones de riesgo. Todo lo demás es traición a su mandato.
Hoy no se acusa sin pruebas. Hoy se señala un patrón, se advierte un riesgo y se exige un alto.
Carlos Castro no puede convertirse en una estadística más.
Veracruz no puede seguir normalizando que se persiga al mensajero mientras los criminales operan con libertad.
La libertad de expresión no se protege con slogans ni con simulaciones.
Se protege con justicia, con instituciones que cumplan su función, y con un gobierno que entienda que callar periodistas es abrirle la puerta al crimen.
Y ese lado —el único legítimo— es el del periodismo.
