AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Lo que ocurre en la Supervisión Escolar Zona 017 de la Secretaría de Educación de Veracruz no es un conflicto laboral ni una disputa administrativa menor. Es la ejecución sistemática, sostenida y documentada de violencia institucional, activada como represalia directa tras la presentación de denuncias formales ante la Contraloría General del Estado y quejas ante la CEDH por violaciones a derechos humanos. No se trata de percepciones ni de narrativas personales: los hechos están asentados en expedientes oficiales y describen un patrón claro cuyo propósito no es corregir irregularidades, sino castigar a quien denuncia y blindar a quien abusa del poder.
Las servidoras públicas señaladas tienen nombre, cargo y trayectoria compartida: Silvia Bautista Peraza, Supervisora Escolar Zona 017, y María del Rosario Pérez Méndez, Asesora Técnica Pedagógica (ATP). Su actuación no es aislada ni reciente; es coordinada, reiterada y estructural. Ambas operaron previamente en la Supervisión Escolar 018, donde ya existían problemas administrativos y señalamientos internos. En lugar de activar mecanismos de revisión o control, el sistema recurrió a una práctica conocida en la burocracia veracruzana: el enroque. Cambiar de zona, cambiar de número, conservar intacto el poder. La red no se desmontó; simplemente se trasladó y se fortaleció.
En la Zona 017, ese traslado se tradujo en la consolidación de un mando paralelo ilegal. La ATP María del Rosario Pérez Méndez dejó de desempeñar una función estrictamente técnico-pedagógica —como lo ordenan los lineamientos federales del SATE, la SEP y la USICAMM— para asumir funciones administrativas, disciplinarias y de control que no le competen legalmente: convoca reuniones, dirige Consejos Técnicos, reprende directores, anuncia actas, realiza “auditorías” informales, solicita documentación a asociaciones de padres y pretende decidir sobre espacios físicos y personal administrativo. Todo ello con la tolerancia, respaldo y protección directa de la Supervisora Silvia Bautista Peraza, quien no solo omitió frenar estas conductas, sino que las legitimó mediante oficios y decisiones operativas.
La denuncia presentada ante Contraloría es contundente: describe delegación indebida de funciones indelegables, usurpación de autoridad, abuso de funciones, uso indebido de recursos públicos y violencia institucional, cometidos por acción y por omisión. La ATP opera como autoridad de facto; la Supervisora la habilita como tal. El resultado es una supervisión convertida en feudo, donde la ley se aplica de manera selectiva y el miedo se utiliza como herramienta de control.
Los hechos documentados revelan un uso patrimonial del servicio público que rebasa cualquier margen de discrecionalidad administrativa: personal comisionado que no se presenta en sus planteles educativos, pero que sirve directamente a la Supervisora; una persona utilizada como chofer y asistente personal, precisamente para evitar que cumpla su horario escolar; trabajadores convertidos en “mil usos”, destinados a encargos ajenos a la educación; uso de personal público como intendente en una escuela privada vinculada familiarmente con la Supervisora, pese a que la supervisión administra tanto primarias públicas como privadas; personal “fantasma” que nadie ve en planteles ni oficinas, pero que aparece cubierto administrativamente bajo su protección; e incluso un intendente realizando funciones administrativas, violando perfiles laborales, reglamentos internos y principios básicos de legalidad.
El contexto político-administrativo no es menor y explica mucho. María del Rosario Pérez Méndez fue rectora de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) durante los últimos meses del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, cuando Zenyazen Escobar García se desempeñaba como secretario de Educación. Con la llegada de la actual titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, fue destituida del cargo, tras denuncias por prepotencia, abuso de poder y presunta malversación de fondos. Le fue bien: no hubo investigación pública exhaustiva ni sanción visible. Hubo reacomodo. (Este contexto es parte de los señalamientos y del marco narrativo que motivan el alertamiento; lo estrictamente documentado en los escritos presentados se refiere a la conducta en Zona 017 y sus efectos institucionales.)
Regresó a donde había salido: a la Supervisión Escolar 017. Y no a cualquier condición. Regresó a su oficina amplia, central y privilegiada, indebidamente asignada para una figura cuyas funciones no ameritan despacho, ni mando, ni sede administrativa. Esa oficina —documentada en la denuncia de Contraloría— opera hoy como centro de control, desde donde la ATP convoca, reprende, presiona y se ostenta como autoridad, con la custodia celosa de la Supervisora Silvia Bautista Peraza.
El detonante de la violencia es claro y está acreditado en los expedientes: la denuncia. A partir de que se presenta formalmente ante Contraloría, los actos se intensifican de inmediato: hostigamiento sistemático, intentos de desplazamiento del espacio laboral, fabricación de imputaciones, amenazas de sanción sin procedimiento, uso de terceros para generar descrédito, y oficios administrativos utilizados como instrumentos de encubrimiento y revictimización. No es coincidencia. Es represalia institucional, una violación grave a derechos humanos prohibida por la Constitución, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales suscritos por México.
La pregunta ya no es si esto ocurre. Ocurre y está documentado. La pregunta es quién lo permite. La Dirección General de Educación Primaria Estatal, encabezada por Christopher Couttolenc Ochoa, no puede alegar desconocimiento. Las denuncias están presentadas, los hechos están detallados, las normas vulneradas están citadas. A partir de este punto, la omisión deja de ser negligencia y empieza a parecer complicidad.
Cuando una funcionaria cuestionada por abuso regresa al sistema educativo protegida, con poder informal, oficina privilegiada y respaldo jerárquico, el mensaje institucional es devastador: en Veracruz, denunciar se paga y el abuso se recicla. Aquí no hay errores administrativos ni malos entendidos. Hay redes de poder, reciclaje de funcionarias, uso patrimonial del servicio público y violencia institucional normalizada. Y cuando el Estado lo permite, deja de ser espectador. Se convierte en parte del problema.
