Maestros de la UPAV protestan en Xalapa por seis meses de adeudos
Por Julio Altamirano
La mañana de este sábado, docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se congregaron en el Teatro del Estado, en Xalapa, para marchar hacia el Palacio de Gobierno y exigir el pago de salarios que les adeudan desde hace seis meses.
Los profesores, identificados como “asesores solidarios”, denunciaron que el Gobierno estatal incumplió el acuerdo que fijaba el 27 de febrero como fecha límite para cubrir los adeudos. Aseguraron que, pese a las mesas de diálogo y compromisos previos, no han recibido el pago correspondiente a sus servicios académicos.
Durante la movilización por calles del centro de la capital veracruzana, los inconformes portaron pancartas y demandaron respeto a los acuerdos firmados, al tiempo que señalaron que el retraso salarial ha impactado directamente en su economía familiar y calificaron de inhumano permanecer sin remuneración tras meses de trabajo.
Gobierno anuncia dispersión parcial de recursos
La noche del viernes, tras anunciarse la protesta, el Gobierno que encabeza Rocío Nahle emitió el Comunicado 0325, en el que informó el inicio del pago de adeudos a coordinadores y personal administrativo de la UPAV.
El documento precisa que comenzó la dispersión de recursos para quienes anteriormente eran denominados “figuras solidarias” en funciones de coordinación y administración. Asimismo, se informó que la próxima semana se realizará el pago a docentes y directores, y que cualquier aclaración podrá gestionarse por los canales administrativos habituales.
Aunque el anuncio confirma que no se cumplió con la fecha originalmente establecida para todos los pagos, el Gobierno estatal sostuvo que estas acciones forman parte de un esquema de supervisión directa para ordenar la institución, transparentar recursos y fortalecer la calidad académica.
Conflicto de fondo
El conflicto en la UPAV no es reciente. Desde su creación, la universidad ha operado bajo un esquema de colaboración con figuras académicas denominadas “solidarias”, situación que por años ha generado cuestionamientos sobre su estatus laboral y el manejo financiero.
En meses recientes, la institución pasó a estar bajo control directo del Gobierno del Estado con el objetivo —según autoridades— de regularizar su funcionamiento. No obstante, los asesores sostienen que la transición administrativa no ha resuelto la falta de pagos oportunos ni la incertidumbre laboral.
Advirtieron que, si no se liquidan los adeudos en los próximos días, podrían intensificar las movilizaciones.
