AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
La Universidad Veracruzana acaba de difundir con entusiasmo la convocatoria al Foro Internacional Psicopedagógico e Inclusivo en Educación Superior “Construyendo una cultura de paz”, un evento que, en el papel, parece impecable: conferencias magistrales, talleres sobre inclusión, conversatorios sobre acompañamiento psicopedagógico y una narrativa institucional que pretende presentar a la universidad como un espacio sensible a la diversidad, al bienestar emocional y a la construcción de ambientes educativos humanistas.
La descripción del foro es impecable. Habla de participación, de atención a la diversidad, de inclusión de estudiantes con discapacidad, de acompañamiento psicopedagógico y de cultura de paz. Todo suena bien. Nadie podría oponerse a un planteamiento así. En el discurso institucional, la Universidad Veracruzana se presenta como un espacio que reflexiona, dialoga y promueve prácticas innovadoras para atender la diversidad dentro de la educación superior.
El problema es que ese discurso choca brutalmente con la realidad que viven muchos de sus propios académicos.
Porque mientras en los auditorios universitarios se discuten conceptos como inclusión, bienestar y cultura de paz, en los pasillos administrativos de la institución se repite un patrón que cada vez resulta más difícil ocultar: académicos sometidos a presiones laborales constantes, procedimientos burocráticos interminables y decisiones administrativas que, lejos de proteger derechos, terminan asfixiándolos dentro de una estructura institucional profundamente indiferente a su realidad humana.
No se trata de un caso aislado. Lo saben muchos profesores, particularmente del área básica, que han tenido que enfrentar decisiones administrativas arbitrarias, cargas laborales desproporcionadas y procesos institucionales diseñados más para desgastar que para resolver. En lugar de acompañamiento institucional encuentran trámites interminables; en lugar de empatía encuentran silencios administrativos; y en lugar de inclusión encuentran un sistema que, en demasiadas ocasiones, parece estructurado precisamente para excluir.
Pero hay un aspecto todavía más grave que rara vez se reconoce públicamente.
La inclusión no puede limitarse a discursos sobre estudiantes o a programas pedagógicos que se anuncian con entusiasmo en convocatorias institucionales. La inclusión también debería aplicarse a quienes sostienen todos los días la vida académica de la universidad: los docentes.
Dentro de los propios cuadros académicos de la Universidad Veracruzana circula desde hace tiempo una realidad inquietante que muchos conocen pero pocos se atreven a decir en voz alta: profesores que enfrentan síndrome de burnout, cuadros de ansiedad, estrés crónico y un desgaste emocional profundo, provocado en gran medida por jornadas laborales desproporcionadas, cargas administrativas excesivas, presiones institucionales permanentes y una burocracia universitaria que, lejos de facilitar el trabajo académico, termina convirtiéndose en un mecanismo constante de desgaste.
La consecuencia de ese modelo de administración universitaria es evidente: docentes agotados, profesores con problemas de salud derivados del estrés laboral y académico, y académicos que terminan enfrentando solos situaciones personales que la institución debería atender con responsabilidad y sensibilidad.
Sin embargo, cuando esos docentes requieren apoyo institucional, acompañamiento especializado o ajustes laborales razonables acordes con su situación personal o de salud, la respuesta que muchas veces reciben no es comprensión ni empatía. Lo que encuentran es la puerta cerrada de la burocracia universitaria.
Se les exige cumplir con trámites interminables que parecen diseñados más para desalentarlos que para ayudarlos.
Se les imponen procedimientos administrativos que transforman cualquier solicitud legítima en una carrera de obstáculos.
Y en demasiadas ocasiones se les niegan los ajustes laborales que permitirían preservar su salud, su estabilidad emocional y su capacidad para seguir desempeñando su trabajo académico en condiciones dignas.
Pero esta realidad no se explica solamente por decisiones administrativas.
También existe un silencio cómplice dentro de las estructuras sindicales de la propia universidad.
Mientras los docentes enfrentan cargas laborales excesivas, precariedad institucional y desgaste emocional, muchos delegados sindicales parecen dormir cómodamente en sus laureles, utilizando la representación sindical más como una herramienta de beneficio personal que como un instrumento de defensa colectiva de los trabajadores académicos.
En los pasillos universitarios se repiten historias incómodas que la institución prefiere ignorar: delegados que operan la representación sindical como si fuera un pequeño feudo personal; plazas que terminan acomodándose para familiares o grupos cercanos; favores sindicales que se pagan con lealtades políticas, beneficios materiales o, en los peores casos, mediante prácticas que rayan en lo inmoral.
Y mientras eso ocurre, aparecen concursos académicos donde personas sin verdadera trayectoria académica logran obtener plazas de tiempo completo respaldadas por “doctorados” de dudosa procedencia, títulos que en muchos casos funcionan únicamente como simulación administrativa para cumplir con requisitos formales.
Todo esto ocurre —según denuncian numerosos académicos— en contubernio entre estructuras sindicales complacientes y una administración universitaria que prefiere mirar hacia otro lado.
Por eso la pregunta inevitable se dirige directamente al rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez.
Señor rector: ¿de qué inclusión habla la universidad que usted dirige?
¿De la inclusión que se exhibe en conferencias y talleres mientras en la práctica se vulneran derechos laborales fundamentales de quienes sostienen la docencia universitaria?
¿De la cultura de paz que se promueve en foros internacionales mientras dentro de la propia institución se toleran prácticas administrativas que generan desgaste físico, emocional y profesional en los académicos?
¿De la inclusión que se anuncia en convocatorias institucionales mientras se permite que estructuras sindicales operen como redes de favores y simulación académica?
Porque hay algo profundamente contradictorio —y también profundamente inmoral— en organizar foros sobre bienestar, inclusión y salud emocional mientras al mismo tiempo se ignora el deterioro real que enfrentan muchos docentes dentro de la propia institución.
Señor rector, no se puede hablar de cultura de paz mientras se administra una universidad que somete a sus trabajadores a condiciones laborales que deterioran su salud física y mental. No se puede hablar de inclusión cuando la propia estructura administrativa termina expulsando, desgastando o ignorando a quienes necesitan apoyo institucional.
Y tampoco se puede pretender que los discursos institucionales sustituyan a las decisiones reales.
Porque lo que está en juego aquí no es solamente un debate académico sobre pedagogía o inclusión educativa.
Lo que está en juego es la congruencia ética de la institución que usted dirige.
¿Cuánto tiempo más piensa sostener esta contradicción?
¿Cuánto tiempo más seguirá promoviendo discursos sobre inclusión mientras dentro de la universidad se reproducen prácticas administrativas que vulneran derechos fundamentales de trabajadores académicos?
¿Cuánto tiempo más seguirá tolerando estructuras sindicales que, en lugar de defender a los docentes, operan como engranajes de un sistema de favores, simulación académica y beneficios personales?
Porque cuando una institución predica valores que no practica, lo que termina erosionándose no es solamente su credibilidad pública.
Se erosiona su legitimidad moral.
Y una universidad pública no puede darse ese lujo.
La Universidad Veracruzana —una institución histórica, con décadas de prestigio académico— merece algo más que discursos cuidadosamente redactados y foros con títulos políticamente correctos.
Merece coherencia institucional.
Merece una administración que entienda que la inclusión no es un concepto para seminarios.
Merece una rectoría capaz de comprender que la cultura de paz no se construye con conferencias.
Se construye con decisiones justas, con respeto a los derechos laborales y con una administración que trate con dignidad a quienes sostienen la universidad todos los días.
