
Integrantes del movimiento ¡Aquí No!
Por Rebeca Solano
Integrantes del movimiento ¡Aquí No!, encabezado por Claudia Quintero y Melina Sandoval, irrumpieron el pasado 23 de abril en el evento inaugural del consorcio Pacífico Mexinol, donde fue derribado el pedestal de la llamada “primera piedra” de la planta de metanol proyectada en el norte de Sinaloa.
Las líderes, representantes de indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas, afirmaron que la acción refleja el hartazgo de una población que durante más de 11 años ha luchado legal y pacíficamente por la defensa de su territorio, ante proyectos industriales que impactan las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo.
La protesta obligó a inversionistas extranjeros y al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, a trasladar el acto protocolario a un salón privado del hotel en Los Mochis, luego de que los manifestantes “reventaran” la ceremonia.
En su discurso, el diplomático estadounidense señaló que para que la inversión prospere “el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya se trasladó a Topolobampo para dialogar con los inconformes y se comprometió a plantear ante el gobierno federal que no procederá la planta sin la consulta indígena previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
El proyecto, impulsado por Transition Industries y con una inversión estimada en 3.3 mil millones de dólares, contempla una producción diaria de más de seis mil toneladas de metanol a partir de gas natural importado desde Texas.
Los inconformes denunciaron además la negativa del juez Enrique Parada Ser de otorgar la suspensión definitiva a un amparo promovido por pescadores indígenas de la bahía de Ohuira, quienes argumentan que no se realizó la consulta pública obligatoria antes de autorizar el proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Claudia Quintero anunció que interpondrán un recurso de revisión y, de ser necesario, acudirán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confiando en que se respeten los derechos de los pueblos originarios.
“El pueblo yoreme va a estar ahí sin dejarlos trabajar”, advirtió Melina Sandoval, al señalar que la movilización es resultado de lo que consideran violaciones reiteradas a sus derechos territoriales y ambientales.
