Por Angel Cházaro / El Tablero Completo
En la política mexicana existen coincidencias que, por su oportunidad y dimensión, resultan demasiado convenientes para aceptarlas sin hacer preguntas.
Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días con licencia, obligado por las graves acusaciones formuladas en Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Volvió diciendo que lo hacía “con la frente limpia y en alto”, pero encontró un Palacio de Gobierno protegido por un despliegue extraordinario de seguridad y un escenario político muy distinto al que dejó.
Horas después de su reincorporación aterrizó en Culiacán un avión de la Fuerza Aérea Mexicana procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hasta ahora, las autoridades no han explicado públicamente quiénes viajaban en él ni cuál fue el motivo de su llegada. No existe información oficial que vincule ambos acontecimientos, pero su coincidencia temporal inevitablemente alimenta las sospechas.
Y no se trata solamente de Culiacán.
En los últimos meses se ha intensificado la presencia de la Guardia Nacional en los aeropuertos de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. La propia institución federal informó que realiza controles de seguridad en accesos, salas de última espera y zonas de abordaje. Además, en junio llegaron más de cien elementos al aeropuerto de Los Mochis y se activó vigilancia aérea mediante una aeronave no tripulada. En julio arribaron otros cincuenta efectivos para reforzar distintos puntos estratégicos del estado.
Por separado, cada uno de estos movimientos podría tener una explicación perfectamente legítima. Sinaloa vive una crisis de violencia que justifica el despliegue de fuerzas federales. Pero cuando se observan en conjunto —las acusaciones estadounidenses, la solicitud de extradición, la licencia del gobernador, su cuestionado regreso, la vigilancia aérea y el reforzamiento de los principales aeropuertos— la palabra “casualidad” comienza a resultar insuficiente.
¿Se está protegiendo a Sinaloa o se está vigilando a alguien en particular? ¿Se busca impedir una fuga, controlar movimientos políticos o preparar una operación? ¿Qué información posee el Gobierno federal que no está compartiendo con los mexicanos?
Preguntar no equivale a condenar. Rubén Rocha Moya tiene derecho a la presunción de inocencia y las acusaciones formuladas en su contra deberán acreditarse ante las instancias correspondientes. Pero la presunción de inocencia no puede convertirse en una orden de silencio ni en un pretexto para impedir la rendición de cuentas.
Estamos hablando del gobernador de uno de los estados más golpeados por el narcotráfico y de señalamientos que no nacieron en una conversación de café. Autoridades estadounidenses lo acusan formalmente de haber colaborado presuntamente con la facción de Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos, protección y respaldo político. Rocha lo niega y afirma que se trata de una persecución política. Corresponderá a la justicia determinar la verdad.
Sin embargo, la dimensión política del caso ya es inocultable.
Lo verdaderamente podrido no es solamente que un gobernador se encuentre bajo sospechas de semejante gravedad. La podredumbre está también en la reacción del sistema: partidos que se deslindan solamente cuando el costo público se vuelve insoportable, funcionarios que se protegen con discursos sobre soberanía y autoridades que administran la información como si el país fuera propiedad de una élite.
Cuando las instituciones dejan de actuar con transparencia, el silencio también se convierte en una forma de complicidad política.
Pero quizá la escena que mejor resume la descomposición actual sea la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante el regreso de Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa, aseguró que no había hablado con él y que se había enterado por la publicación que hizo en redes sociales.
Otra vez, la presidenta “no estaba enterada”.
México tiene un aparato de inteligencia, una Secretaría de Gobernación, una Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas y mecanismos permanentes de coordinación con los estados. Aun así, se pretende que creamos que la titular del Ejecutivo federal conoció por una publicación en X el regreso de un gobernador acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico
No estamos hablando del cambio de horario de una reunión municipal. Estamos hablando de un asunto de seguridad nacional, de política exterior y de la estabilidad de uno de los estados más violentos del país.
Si realmente no estaba enterada, es gravísimo, porque significaría que la Presidencia no tiene control ni información oportuna sobre acontecimientos fundamentales. Si sí estaba enterada y decidió negarlo, es todavía peor, porque estaríamos frente a una estrategia deliberada para evadir responsabilidades.
En cualquiera de los dos escenarios, México pierde.
Esta respuesta se ha convertido en una salida recurrente del poder: no sabían, no les informaron, apenas están revisando, se enteraron por los medios o lo vieron en redes sociales. El Gobierno presume tener conocimiento de todo cuando se trata de defender sus logros, pero repentinamente se vuelve ciego, sordo y desinformado cuando aparece una crisis que compromete a sus aliados políticos.
No es desconocimiento: es una forma de gobernar evitando asumir responsabilidades.
La política mexicana de hoy se está pudriendo precisamente por eso. Porque la lealtad al partido continúa colocándose por encima de la obligación con el país. Porque se exige presentar pruebas cuando el señalado pertenece al movimiento gobernante, mientras que para los adversarios basta una sospecha o una declaración presidencial para iniciar un linchamiento público.
La soberanía nacional no consiste en proteger políticos. Consiste en tener instituciones suficientemente fuertes para investigarlos nosotros mismos, sin importar su partido, cargo o cercanía con el poder.
Sinaloa necesita una explicación completa. Los mexicanos merecemos saber por qué se reforzó la vigilancia en sus principales aeropuertos, cuál es el objetivo de los despliegues, qué situación jurídica enfrenta realmente Rocha Moya y qué información posee el Gobierno federal sobre las acusaciones formuladas en Estados Unidos.
No afirmo que cada aeronave, cada agente y cada operativo estén dirigidos contra el gobernador. Eso tendría que demostrarse. Pero tampoco acepto que se pretenda reducir todo a simples coincidencias mientras las autoridades guardan silencio y la presidenta asegura haberse enterado por las redes sociales.
Cuando un gobierno responde con evasivas, la sociedad tiene derecho a sospechar. Y cuando el poder se entera por X de los asuntos más graves del país, solo existen dos posibilidades: o no gobierna o está ocultando la verdad.
Las dos son igualmente preocupantes.
