Secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández/Redacción Xalapa
Por Redacción Xalapa
- En la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que ya fueron presentadas denuncias ante las Fiscalías General de la República y del estado por una presunta triangulación de recursos mediante fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad por un monto de 280 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
«Nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente a la Fiscalía, tanto local como Federal de la República por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Son dos denuncias distintas.»
En entrevista, el funcionario estatal dijo que el monto a investigar es de 280 millones de pesos que se mana
«Es la Fundación que tenía o que manejaba los recursos de la Universidad. Una Fundación que se llama EDAL, manejaba cerca de 280 millones de pesos y los manejaba a través, lo hemos dicho, a través de diversos mecanismos.»
Reyes Hernández detalló que el dinero captado por la fundación, incluido el proveniente de estudiantes y otras fuentes que forman parte de la revisión, no necesariamente llegaba directamente a quienes prestaban sus servicios en la universidad.
Los recursos habrían pasado primero por diferentes intermediarios, entre ellos empresas inmobiliarias y agencias de publicidad, hasta finalmente utilizarse para efectuar pagos a docentes.
Como ejemplo del funcionamiento del esquema detectado, señaló que una persona que trabajaba para la UPAV podía no contar con una relación laboral directa con la universidad, sino recibir sus remuneraciones a través de una empresa dedicada a actividades distintas.
“Una persona que trabajaba en la UPAV no tenía contrato laboral directo; le pagaban a través de una agencia de publicidad bajo el concepto de honorarios o pago de publicidad”, explicó.
Al respecto, destacó que las denuncias fueron interpuestas hace algunas semanas y se presentaron contra quien resulte responsable, por lo que ahora corresponderá a las autoridades ministeriales determinar quiénes participaron en las operaciones y si existen responsabilidades penales.
Por la naturaleza de los hechos detectados, el Gobierno estatal acudió tanto a la instancia local como a la federal. Las denuncias contemplan presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
