Jorge Amílcar Olán
Por Rebeca Solano
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa constituida en Tabasco y vinculada públicamente con Jorge Amílcar Olán, señalado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán.
De acuerdo con información de Agencia Reforma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó presuntas operaciones de huachicol fiscal mediante la importación de combustibles con información falsa, lo que habría ocasionado un perjuicio al fisco federal superior a 834 millones de pesos.
Detectan 139 importaciones
Entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, Portacelis habría realizado 139 operaciones de importación de diésel automotriz, gasóleo y mezclas con contenido de azufre.
Los combustibles habrían ingresado al país mediante ferrotanques y documentación con información presuntamente falsa, con lo que se habría evitado el pago de aproximadamente 834 millones de pesos en derechos e impuestos federales.
El administrador de Asuntos Penales del SAT, Francisco Javier Arias Chávez, presentó el 25 de marzo de 2026 una declaratoria de perjuicio ante la FGR y solicitó ejercer acción penal contra cinco personas, entre ellas el administrador único de Portacelis y agentes aduanales presuntamente relacionados con las operaciones.
Señalan vínculos empresariales
Portacelis Gas and Oil fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. Su primer administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) citadas por Reforma, habría mantenido vínculos empresariales con Jorge Amílcar Olán.
Posteriormente, De la Cruz Murillo dejó la administración y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, quien actualmente aparece como administrador único.
La investigación forma parte de las acciones federales contra el denominado huachicol fiscal, relacionado con presuntos esquemas de contrabando y evasión de impuestos en la importación y comercialización de combustibles.
La solicitud de Hacienda no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal de las personas señaladas. Corresponderá a la FGR continuar con las investigaciones y determinar si existen elementos para judicializar el caso.
