2 de septiembre de 2026

CERESO de La Toma

Por Alberto Mejía

Familiares de personas privadas de la libertad en el CERESO de La Toma hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que atienda presuntas irregularidades y abusos que, aseguran, estarían ocurriendo al interior del centro penitenciario.

A través de un escrito dirigido a la mandataria estatal, señalaron que sus familiares cumplen las condenas que les fueron impuestas por la ley, pero consideraron que la pérdida de la libertad no debe significar la pérdida de sus derechos ni convertirse en motivo de presuntos abusos.

En el documento, los familiares acusaron al director del penal de presuntamente permitir o tolerar diversas irregularidades, entre ellas cobros relacionados con tiendas, cocinas, cigarros, visitas conyugales y ahorros, además de cuestionar la operación de distintas áreas internas.

Los inconformes también denunciaron presuntas agresiones contra dos personas privadas de la libertad. Según su versión, una de ellas habría sido agredida en la zona de mujeres y otra habría sido jaloneada por hombres de la sección masculina.

Los familiares cuestionaron que, pese a estos hechos, las autoridades del centro penitenciario presuntamente nieguen tener conocimiento de las agresiones, por lo que solicitaron que se investiguen los acontecimientos y se determinen responsabilidades.

Asimismo, manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad y atención dentro del penal, al considerar que la prioridad debería ser mejorar las condiciones del centro penitenciario y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

En su mensaje, los familiares también hicieron señalamientos sobre presuntos beneficios económicos y adquisiciones personales atribuidas al director, afirmaciones que deberán ser investigadas y, en su caso, corroboradas por las autoridades correspondientes.

Finalmente, pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para revisar la situación que prevalece en el CERESO de La Toma, así como garantizar que las personas privadas de la libertad reciban un trato digno y que cualquier denuncia de abuso sea atendida conforme a la ley.