Por Redacción
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue vinculada al cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con el caso de trabajadores del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), quienes exigen su reinstalación y el pago de prestaciones laborales reconocidas en un laudo firme.
El abogado laboralista Juan José Llanes del Ángel Gil señaló que la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) y la dirección de INVIVIENDA debieron informar oportunamente a la mandataria sobre las consecuencias legales del incumplimiento, para evitar que el procedimiento escalara hasta involucrarla directamente.
De acuerdo con el litigante, el 18 de junio de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito determinó, en la revisión 5/2026, que la autoridad laboral no había actuado eficazmente para ejecutar el laudo, debido a que el procedimiento permanecía paralizado.
La resolución ordenó implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento, incluidas multas y otras medidas de apremio previstas en la ley.
Posteriormente, el 11 de septiembre, el Poder Judicial Federal requirió al gerente general de INVIVIENDA, José Manuel Pozos del Ángel, para que justificara, en un plazo de tres días hábiles, el cumplimiento total de la sentencia. El 13 de octubre, la gobernadora también fue vinculada al procedimiento, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo.
Estos artículos establecen obligaciones para las autoridades involucradas en el cumplimiento de sentencias judiciales y contemplan consecuencias legales ante un incumplimiento injustificado, que pueden incluir la separación del cargo y la consignación bajo los supuestos establecidos en la ley.
RECLAMAN REINSTALACIÓN Y PAGOS
Llanes del Ángel Gil sostuvo que INVIVIENDA manifestó, durante diversas diligencias realizadas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, que había informado al Gobierno estatal sobre la negativa a reinstalar a los trabajadores y cubrir las prestaciones reclamadas.
El abogado también indicó que el organismo hizo referencia a comunicaciones dirigidas a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno para que el asunto fuera transmitido a la titular del Ejecutivo estatal.
Sin embargo, cuestionó que, pese a estos antecedentes, el conflicto llegara al punto de vincular formalmente a la gobernadora con el cumplimiento de la sentencia de amparo.
El litigante afirmó que la prioridad debe ser respetar los derechos laborales de los trabajadores y cumplir la resolución judicial, además de advertir sobre el riesgo de que, aun después de una eventual reinstalación, enfrenten condiciones laborales adversas o un nuevo despido.
Asimismo, rechazó las descalificaciones dirigidas contra sus declaraciones y sostuvo que las resoluciones judiciales pueden consultarse en las versiones públicas del Poder Judicial Federal.
DILIGENCIA, PROGRAMADA PARA EL MIÉRCOLES
La diligencia para la reinstalación de los trabajadores y el pago correspondiente fue anunciada para el miércoles 28 de octubre, a las 11:00 horas.
No obstante, la realización de la diligencia y sus resultados deberán confirmarse mediante las actuaciones correspondientes.
El caso permanece relacionado con el cumplimiento de una sentencia judicial que exige atender las prestaciones laborales reclamadas por los trabajadores de INVIVIENDA.
