Por Rebeca Solano

La consejera electoral Carla Humphrey pidió investigar a fondo los señalamientos de presunta corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y deslindar responsabilidades, al considerar que las acusaciones representan un asunto grave para una institución encargada de garantizar la democracia en México.

La funcionaria calificó como “gravísimo” que el organismo enfrente cuestionamientos de esta naturaleza y sostuvo que es necesario transparentar la información, rendir cuentas a la ciudadanía y aplicar las sanciones correspondientes si se comprueban irregularidades.

Humphrey señaló que los consejeros electorales se enteraron de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto mediante el comunicado difundido públicamente, por lo que esperarán a que el procedimiento se formalice para activar las acciones institucionales correspondientes.

Explicó que, ante una ausencia definitiva en la presidencia, el Consejo General deberá designar a una persona para ocupar el cargo de manera provisional y notificar a la Cámara de Diputados para que inicie el procedimiento correspondiente para elegir a quien asumirá la titularidad de forma definitiva.

Asimismo, respaldó la apertura de investigaciones internas y externas, incluida la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o de auditorías independientes, para revisar contratos, posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.

Los señalamientos difundidos públicamente incluyen presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y posibles conflictos de interés relacionados con personas vinculadas con proveedores del organismo electoral.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE y anteriormente fungió como representante legal de Corporativo Zeg, empresa relacionada con un contrato de materiales para la elección judicial. Según la información difundida, García González dejó su cargo en abril de 2026, después de que se presentara una denuncia por presunto conflicto de interés y abuso de funciones.

También se han señalado presuntas omisiones en declaraciones patrimoniales y posibles vínculos entre proveedores del instituto y personas cercanas a la presidencia, acusaciones que deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.

Humphrey insistió en que los señalamientos deben investigarse con transparencia e imparcialidad, a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas o legales.

Finalmente, subrayó que las investigaciones deberán avanzar sin afectar las funciones del organismo, que continúa con los preparativos para el proceso electoral federal 2026-2027.