Por Rebeca Solano
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por el momento, no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández por su presunta relación con el caso de huachicol fiscal.
El pronunciamiento se difundió el martes 27 de octubre, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido y procesado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, mencionara a ambos políticos durante una entrevista con Azteca Noticias.
La Fiscalía sostuvo que los señalamientos difundidos públicamente no constituyen, hasta ahora, sustento jurídico suficiente para abrir una investigación contra los dos integrantes de Morena. Calificó las referencias como testimonios de oídas, al considerar que aluden a información atribuida a terceras personas.
Ante ello, la dependencia pidió a Farías Laguna presentar formalmente las pruebas que respalden sus afirmaciones ante las autoridades correspondientes y recordó que los argumentos relacionados con su defensa deben plantearse conforme al debido proceso.
Durante la entrevista, el exmando naval negó haber participado en la red criminal que se le atribuye y cuestionó la investigación en su contra. Al ser interrogado sobre López Beltrán y López Hernández, hizo referencia a presuntas relaciones con los hechos, sin que esas declaraciones acrediten por sí mismas alguna responsabilidad penal.
La FGR aclaró que la decisión de no iniciar, por ahora, una investigación contra ambos políticos no significa que las indagatorias por el contrabando de combustible hayan concluido.
La institución informó que continúa investigando a Rubén Alfonso Vargas Suárez y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, exfuncionarios vinculados con la administración aduanera y portuaria de Tampico.
El expediente está relacionado con el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde se detectaron alrededor de 10 millones de litros de hidrocarburos presuntamente ingresados al país mediante irregularidades fiscales y aduaneras.
De acuerdo con la información difundida, 17 personas han sido detenidas y sometidas a proceso penal por su presunta participación en la trama.
Las investigaciones buscan determinar cómo se organizó el ingreso del combustible, qué servidores públicos pudieron facilitar las operaciones y qué empresas o particulares se habrían beneficiado de la importación irregular.
El huachicol fiscal consiste en la presunta introducción y comercialización de combustibles mediante mecanismos destinados a evadir impuestos y controles aduaneros, a diferencia del robo directo de hidrocarburos de los ductos.
