Por Julio Altamirano
Los ocho trabajadores despedidos del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) serán reinstalados, luego de que este miércoles se realizara una diligencia judicial para exigir el cumplimiento de la resolución que les reconoce ese derecho, aunque su regreso no será inmediato.
La diligencia se llevó a cabo después de que el Poder Judicial de la Federación advirtiera que el titular de INVIVIENDA, José Manuel Pozos del Ángel, podría ser arrestado durante 36 horas si no cumplía con el mandato judicial. Además, se contemplaba imponer una multa a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Finalmente, durante la actuación judicial se garantizó el cumplimiento del laudo a favor de los trabajadores, informó el abogado laboralista Juan José Llanes del Ángel Gil.
“El Gerente de INVIVIENDA no se escondió, salió y dijo voy a abordar este tema… qué bueno que decidió hacerlo. Él tenía claro o daba la cara o se iban a tener que guardar 36 horas”, expresó.
El abogado explicó que existe un mandato judicial firme que obliga a reinstalar a los ocho trabajadores y pagarles las prestaciones que les corresponden. Sin embargo, la reinstalación no se concretó durante la diligencia, debido a que, según lo expuesto en el procedimiento, no era conveniente ni viable realizarla en ese momento.
De acuerdo con Llanes del Ángel, en las próximas horas o días se establecerá un espacio de diálogo para acordar los términos del cumplimiento de la resolución y garantizar que los trabajadores regresen en condiciones dignas.
El abogado responsabilizó al secretario del Trabajo de Veracruz, Luis Arturo Santiago Martínez, de presuntamente entorpecer el proceso y retrasar el cumplimiento de la orden judicial. Afirmó que esa dependencia consideraba que las resoluciones del Poder Judicial Federal podían evadirse.
Los ocho trabajadores fueron despedidos en 2009 y obtuvieron un laudo que ordenó su reinstalación y el pago correspondiente. Sin embargo, la resolución permaneció sin cumplirse, por lo que en 2025 obtuvieron un amparo federal para garantizar su ejecución.
Tras concluir la diligencia, el actuario deberá turnar las actuaciones a la Junta de Conciliación, instancia que determinará los siguientes pasos para avanzar en el cumplimiento de la resolución.
