Por Rebeca Solano
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en contrataciones y pagos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas posibles daños al erario por 66.5 millones de pesos que permanecen pendientes de aclaración, de acuerdo con reportes periodísticos.
Entre los hallazgos reportados se encuentran pagos realizados a 18 personas fallecidas, así como contrataciones con empresas de reciente creación y proveedores que presuntamente no cumplían con todos los requisitos fiscales.
Pagos y contratos bajo revisión
De acuerdo con la información difundida, uno de los casos bajo revisión corresponde a los pagos posteriores al fallecimiento de 18 trabajadores. Las autoridades deberán determinar cómo se autorizaron estas operaciones, quiénes fueron los responsables y cuál fue el destino de los recursos.
También se reportaron contratos por más de 21 millones de pesos con 10 empresas constituidas menos de un año antes de recibir las adjudicaciones, además de 57 personas que presuntamente se desempeñaban como servidores públicos en activo y obtuvieron contratos del organismo electoral.
Otro señalamiento se refiere a 131 proveedores que presuntamente no contaban con opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estos hallazgos deberán ser revisados para establecer si existieron incumplimientos administrativos, conflictos de interés o posibles daños a los recursos públicos.
Investigan red de empresas proveedoras
Paralelamente, reportes periodísticos señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga presuntas irregularidades relacionadas con una red de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, entre ellas Corporativo Zeg, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales. <Cite refs={[«turn666279search3″,»turn666279search7»]}/>
Según estas publicaciones, Corporativo Zeg obtuvo contratos por aproximadamente 184 millones de pesos y transfirió alrededor de 167 millones a otras cuatro compañías, operaciones que forman parte de los señalamientos sobre posibles irregularidades financieras. <Cite refs={[«turn666279search7»]}/>
Las investigaciones también han puesto bajo escrutinio la relación personal que, según reportes periodísticos, existe entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, así como posibles conflictos de interés en las contrataciones.
Estos señalamientos no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni acreditan la responsabilidad individual de los involucrados. Corresponde a las autoridades fiscalizadoras y competentes determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron y si procede imponer sanciones.
La revisión de los contratos y del ejercicio de los recursos públicos busca esclarecer las operaciones observadas y determinar si hubo afectaciones al patrimonio público.
