Por Silvia Núñez Hernández
En Veracruz, una niña de seis años terminó con una fractura en el rostro dentro de una escuela privada. No en la calle, no en un entorno inseguro, sino dentro de un aula donde se supone debía estar protegida. Se llama A.G.M. y estudiaba en el colegio La Salle de Veracruz A.C., institución que hoy representa no solo la falta de protocolos, sino la más cruda indiferencia ante el sufrimiento infantil.
El caso, documentado y denunciado por el colectivo Brujas del Mar, debería haber encendido todas las alarmas institucionales. Sin embargo, ni la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ni la propia escuela han asumido la responsabilidad que la ley les impone. La menor fue violentada física y psicológicamente dentro del plantel, sin que maestros, directivos ni personal médico reaccionaran con la urgencia que una emergencia así exige. Quedó inconsciente y sin atención inmediata. ¿Y qué hizo la escuela? Minimizar, ocultar y negar.
La fractura del piso orbitario no solo es una herida física: es el símbolo del colapso moral de un sistema educativo que mira hacia otro lado mientras los niños sangran. En lugar de abrir los videos de las cámaras de seguridad, La Salle ha optado por el silencio cómplice, intentando cubrir su omisión con comunicados fríos y evasivos.
Pero más grave aún es el papel de la Secretaría de Educación de Veracruz, cuya omisión se convierte en delito institucional.
Claudia Tello Espinosa, titular de la SEV, no puede seguir fingiendo que en Veracruz la educación florece mientras la niñez es violentada dentro de sus aulas. No se trata de un “incidente escolar”, sino de una violación directa a los derechos humanos de una menor de edad, frente a la cual la autoridad estatal ha permanecido muda, pasiva y negligente.
¿Dónde están los supervisores escolares? ¿Dónde la aplicación de los protocolos de intervención inmediata que la ley ordena? No están. Y cuando no hay vigilancia, el daño no es un accidente: es una consecuencia directa de la incompetencia estatal.
La SEV tiene la obligación legal de supervisar, sancionar y garantizar entornos educativos seguros. No hacerlo equivale a permitir la violencia. Cada día que el caso de A.G.M. permanece sin justicia, la SEV se hunde más en la responsabilidad moral y jurídica de haber permitido que una niña fuera lastimada bajo su jurisdicción.
El discurso de la “transformación educativa” se derrumba frente a una realidad sangrante: una institución que se esconde, una dependencia que calla y una niña que paga el precio del abandono oficial.
El silencio de la SEV no es prudencia: es complicidad.
Y mientras la titular Claudia Tello pospone la respuesta institucional, La Salle de Veracruz sigue funcionando con total impunidad, sin sanción, sin revisión y sin supervisión.
En Veracruz, la educación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un riesgo. Y la SEV, lejos de ser garante de derechos, se ha transformado en un muro de omisiones que protege a las instituciones antes que a los niños.
La fractura de una niña no solo rompió un hueso: rompió también la confianza de toda una sociedad en la capacidad del Estado para cuidar a su infancia.
Y si una Secretaría de Educación no puede proteger ni siquiera a una niña de seis años, entonces lo que tenemos no es un sistema educativo, sino una maquinaria de impunidad.
