Rocio Nahle y Guadalupe Osorno Maldonado
Por Redacción
Ella es herencia de Cuitláhuac
La continuidad de Guadalupe Osorno Maldonado al frente de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz no es casualidad institucional: forma parte del entramado político del mandato de Cuitláhuac García Jiménez y se extiende al nuevo periodo de Nahle. Su permanencia confirma un patrón de continuidad de poder más que de renovación técnica.
Según su presentación oficial, Osorno Maldonado posee licenciatura en Antropología Social, maestría en Literatura Mexicana y doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También acredita certificaciones como los estándares ECO-907 y ECO-908 para elaboración de planes y programas de protección civil.
Lo cierto es que, en la crisis de la zona norte de Veracruz, la efectividad operativa fue cuestionable: inundaciones, aguas negras, cadáveres sin atención oportuna, animales muertos y falta de saneamiento básico. La pregunta es clara: ¿sirvió la certificación cuando más se necesitaba?
El hecho de que la gobernadora electa Nahle confirmase su continuidad el 1 de julio de 2024 refuerza la idea de que no se está priorizando un relevo técnico, sino la preservación del aparato político.
Certificación técnica: el dato que importa
Oficialmente, la SPC-Veracruz reporta inversiones, equipos y brigadas que sugieren avance en el eje preventivo. Por ejemplo, se reporta una inversión de más de 200 millones de pesos, despliegue de 1 016 brigadas comunitarias y creación de 195 capas cartográficas para el Atlas de Riesgos.
Pero el valor real de una certificación no se mide por cifras, sino por resultados: ¿existió evacuación oportuna? ¿se recogieron los residuos contaminados? ¿se descontaminó el agua de consumo? Esa es la grieta que se abrió en el terreno cuando la emergencia azotó.
La narrativa oficial sostiene “certificada y con desempeño sobresaliente”, pero la evidencia en campo lo contradice.
Alerta máxima: la zona norte que explotó
En municipios del norte de Veracruz como Poza Rica o Cazones, la tormenta desencadenó un desastre que la estructura institucional no mitigó con la agilidad necesaria. Aunque se emitió una “Alerta Gris” por lluvias intensas, los reportes indican demoras en la difusión de información, acumulación de aguas residualcontaminadas y animales muertos en zonas de tránsito humano.
La combinación es letal: inundación + aguas negras + cadáveres + animales muertos = una bomba sanitaria. Y ahí, la función de Protección Civil y Salud se vuelve crítica. Si no se actúa, el desastre natural se convierte en desastre gubernamental.
Delitos que se imputan al gobierno de Nahle por no declarar la zona con alerta sanitaria e implantar medidas urgentes
- Omisión de declaratoria de emergencia sanitaria: Cuando el volumen de agua, la contaminación y el riesgo biológico son evidentes, corresponde declarar alerta sanitaria para activar protocolos de salud pública. El hecho de que no se haya hecho de forma expedita, pese a condiciones conocidas, puede configurar una violación grave del deber institucional.
- Negligencia gubernamental continuada: Al no implementar inmediatamente el cerco sanitario (cloración de agua, retiro de cadáveres, atención médica masiva, control de fauna) el Estado dejó que el riesgo derivase en daño real. Esa negligencia puede atribuirse como incumplimiento del deber legal de la administración estatal.
- Responsabilidad penal por omisión: Con base en el artículo 319 del Código Penal de Veracruz, que sanciona el incumplimiento de deberes por servidores públicos, la falta de acción gubernamental frente al desastre puede constituir delito.
- Responsabilidad administrativa: A través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) el gobierno podría sancionarse por incumplimiento de obligaciones de protección civil y salud pública.
- Violaciones al derecho a la salud y a un medio ambiente sano: Al permitir exposición de la población a aguas negras, cadáveres y residuos sin saneamiento, se afectan artículos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, lo que agrava la responsabilidad.
Negligencia de Protección Civil y de la funcionaria Osorno
- La SPC bajo su mando continuó operando sin demostrar que los protocolos de evacuación, alerta temprana, saneamiento básico en campo y seguimiento epidemiológico fueron cumplidos eficazmente.
- Aunque la titular presenta certificaciones, se cuestiona que en la práctica no se tradujeron en resultados operativos: evacuaciones tardías, falta de acceso a zonas contaminadas, recogida incompleta de cadáveres y animales, no se informó de inmediato a la población sobre el riesgo sanitario.
- Por esto, se imputa que la Secretaría incurrió en negligencia grave y en omisión funcional ante la urgencia, lo que la coloca en la línea de responsabilidad tanto administrativa como penal.
El Gobierno mantiene a la funcionaria: una señal política
La decisión de Nahle de ratificar a Osorno Maldonado envía un mensaje claro: la continuidad del aparato está por encima del cambio operativo. En el discurso oficial, la ratificación se justifica con “certificación vigente” y “desempeño sobresaliente”.
Desde la lógica de la rendición de cuentas, no basta con acreditar cursos: hace falta acreditar resultados. Y en este terreno, la brecha entre lo prometido y lo entregado se vuelve insalvable.
Historia oficial, hechos reales y filtro roto
La SPC-Veracruz, bajo la dirección de Osorno Maldonado, ha publicado guías (“Aprendo a Cuidarme”), manuales de primeros auxilios, registros de inversión y planes.
No obstante, la presencia de documentos no compensa la ausencia de eficacia real en campo cuando la emergencia sucede. En ese sentido, la crítica no es a la titular por no tener un título: es a que el sistema que encabeza evidenció fallas operativas graves.
La continuidad de la funcionaria se convierte en símbolo más que en garantía.
Conclusión: riesgo, impunidad o reforma urgente
Veracruz exhibe tres realidades al mismo tiempo: una titular con credenciales formales; un sistema que presume avances cuantitativos; una crisis operativa que mostró fallas graves.
El resultado es claro: cuando la comunicación es tardía, el saneamiento insuficiente y la limpieza incompleta se vuelve norma, la omisión se institucionaliza. Y la permanencia de la secretaria es un mensaje claro de impunidad o de prioridad política sobre técnica.
Si esto no se investiga, no se sanciona y no se corrige, lo que sigue no es un desastre más: será la consolidación de un modelo donde “protección” civil no significa protección real.
Veracruz está a punto de decidir si quiere un estado que reaccione o un estado que sólo comunique.
