Cámara de Diputados
Por Rebeca Solano
El pleno de la Cámara de Diputados dio por recibida y turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto, para opinión, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta contempla la persecución de oficio de los actos de extorsión y establece penas de hasta 25 años de prisión para los responsables. Inicialmente, se plantea una penalidad de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la UMA (56 mil 570 pesos) para quienes obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con fines de lucro.
La iniciativa contempla además tres conjuntos de agravantes, con sanciones más severas:
- Hasta un tercio más de la pena (8 a 20 años) cuando la extorsión se cometa contra negocios o actividades comerciales y cuando se realice en nombre de sindicatos u organizaciones, reales o simuladas.
- Hasta la mitad más de la pena (12 a 22.5 años) para extorsiones contra migrantes, menores de 18 años, adultos mayores, mujeres embarazadas o cuando exista relación de confianza, laboral, familiar o de negocios entre víctima y responsable.
- Hasta dos tercios más de la pena (10 a 25 años) para casos que involucren violencia física, cobro de daños derivados de accidentes intencionales (montachoques) o daños a propiedad.
El proyecto también establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir este delito y busca homologar un solo tipo penal para todo el país.
Esta iniciativa surge tras la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la ley sobre extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal y sus agravantes en todo el territorio nacional.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia del delito de extorsión creció 58% en seis años, pasando de 19 casos diarios en 2018 a 29 en enero de 2025.
Actualmente, la disparidad entre los códigos penales federal y locales ha dificultado su persecución, con penas que van de 1 a 30 años según la entidad, mientras que a nivel federal el rango es de 2 a 8 años. La iniciativa busca armonizar estas discrepancias para un combate más eficaz.
