Por Salvador García Soto
El paro nacional campesino, que encabezaron esta semana productores de maíz de varios estados de la República, puso al descubierto otra de las grandes mentiras y engaños de la 4T y de su fundador, Andrés Manuel López Obrador: la “soberanía alimentaria” que prometió el expresidente y que sigue manejando en su discurso la presidenta Claudia Sheinbaum, no es más que una engañifa demagógica que nunca tuvo —ni tiene todavía— ni plan, ni estrategia ni mucho menos presupuesto público y lo poco que tenía terminó siendo saqueado por el desfalco millonario a Segalmex y el envío clandestino de alimentos a Cuba.
Porque aunque los productores de maíz ya se arreglaron con el gobierno y aceptarán un precio de garantía de 7,100 pesos —dividido entre los 6,050 que les ofrece el gobierno más los 950 pesos que recibirá cada productor como subsidio—, lo que afloró durante los tres días que duró su protesta, en la que bloquearon y afectaron carreteras y autopistas en casi 24 estados, principalmente en la zona del Bajío, es la realidad de la producción de los alimentos básicos en México, en la que somos mayoritariamente dependientes de las importaciones desde el extranjero.
Porque el campo nacional sólo produce actualmente 42% del total de maíz que consumimos, mientras que la mayor parte —el 58%— proviene de importaciones de distintos países, incluido el maíz transgénico de los Estados Unidos que se seguirá comprando tras la derrota del gobierno mexicano en los paneles del TMEC. La dependencia de las importaciones extranjeras se disparó en los últimos 6 años en buena medida porque la producción nacional cayó ante la falta de apoyos económicos, tanto en créditos como en subsidios directos, que fueron eliminados por decreto presidencial en 2019.
La desaparición de programas como Aserca y de la Financiera Rural ordenada por López Obrador, bajo el argumento de que “había mucha corrupción” que nunca probó, denunció ni castigó, dejó prácticamente en el abandono a los productores del maíz que perdieron dos fuentes de financiamiento y apoyo comercial que existían desde el año 2000 y que habían funcionado para subsidiar a cultivos estratégicos como el maíz, sorgo y arroz, entre otros.
En lugar de esos programas, el gobierno anterior instituyó un apoyo a los campesinos, pero sólo a los que tenían menores extensiones de tierra y sistemas de riego de temporal, que son los que apenas producen el 20% del maíz total que se cosecha en el país, mientras a los productores que tenían más tierras, tecnologías de riego y que producen el 80% del total de las cosechas maiceras, se les dejó sin ningún tipo de apoyo o subsidio, provocando la caída de la producción y el incremento de las importaciones.
Eso sí, al expresidente se le llenaba la boca hablando de la “soberanía alimentaria” y de la creación de uno de sus monstruos que, con reminiscencias de la antigua Conasupo, nació supuestamente para garantizar el abasto alimentario de los mexicanos y la tan sobada “soberanía” en la producción de alimentos. Pero, como la mayoría de las ocurrencias de López Obrador, Segalmex, dirigida por su amigo y exjefe, el priista Ignacio Ovalle, resultó no sólo ser parecida a la Conasupo, sino que superó con mucho aquel organismo del pasado priista, en materia de corrupción.
En los hechos y según las denuncias penales que documentó la Auditoría Superior de la Federación, Ovalle y sus colaboradores resultaron ser saqueadores del presupuesto y el desfalco a la Nación por más de 15 mmdp terminó con la detención y encarcelamiento de directores administrativos, mientras al director de Segalmex se le protegió desde Palacio Nacional y todavía hoy sigue impune no sólo por los faltantes sino por las evidencias de que esa dependencia resultó funcionar más para llevar a Cuba alimentos que eran para los mexicanos y que fueron regalados, bajo el disfraz de “ayuda humanitaria”, para sostener a la dictadura castrista que encabeza Miguel Díaz Canel.
