Por Quetzalli Carolina Vázquez
En diciembre pasado esta columna expuso un hecho grave: desde el Congreso de Veracruz se contactaba a mujeres jóvenes con la promesa de un empleo que nunca llegaba, mientras se les presionaba para participar en convivencias privadas con políticos y empresarios, el hecho fue reconocido por el Congreso y tres meses después, hay un detenido.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentó una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual en agravio de dos víctimas; los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones del Congreso en Xalapa y forman parte del proceso penal 121/2026.
La detención representa un paso importante, pero conviene dejar algo claro que ese no es el único caso, hay al menos otro empleado señalado por conductas similares.
Por eso, aunque hoy existe una acción judicial, la expectativa legítima es que las investigaciones alcancen a todos los responsables pues que hoy el hecho se reconozca, se investigue y se sancione es positivo, pero también hay que decir algo con claridad: solo ocurrió después de que el caso se hizo público.
Porque fue cuando la denuncia de las jóvenes, comenzó a difundirse que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el diputado Esteban Bautista Hernández, reconoció que dentro del Poder Legislativo existen antecedentes de acoso y abuso, dicho de otra forma: si el caso no se hace público, la institución probablemente seguiría guardando silencio.
Y eso abre una reflexión inevitable. ¿Qué habría pasado si las víctimas no hubieran hablado? ¿Si la información no se hubiera difundido? ¿Habría terminado este caso en una orden de aprehensión o habría quedado enterrado en la burocracia?
Hoy el propio Bautista Hernández ha reiterado que en el Congreso no se meterán las manos al fuego por nadie que incurra en delitos contra las mujeres y que existe respaldo institucional para las víctimas. Magnífico, que así sea; pero ese posicionamiento también implica un compromiso: que la investigación no se detenga porque lo ocurrido no puede tratarse como la conducta aislada de un trabajador.
Las jóvenes que denunciaron relataron cómo fueron contactadas bajo la promesa de empleo, cómo se les pidieron documentos personales para supuestos trámites administrativos y cómo posteriormente comenzaron presiones para convivencias privadas donde el mérito profesional no tenía ninguna importancia y ese tipo de prácticas no solo constituyen acoso, también pueden implicar abuso de funciones, uso indebido de datos personales, tráfico de influencias e incluso delitos más graves si se comprueba que hubo simulación de nóminas o desvío de recursos.
Por ahora hay un detenido, un pronunciamiento oficial y promesas de modificar las reglas para la contratación de personal pero las víctimas no piden discursos, piden justicia y la única forma de demostrar que las instituciones hablan en serio cuando dicen que habrá cero tolerancia al acoso es muy simple: investigando, sancionando y castigando a quienes utilicen el poder público para cometer delitos.
En este caso las mujeres hablaron, la prensa expuso, el Congreso reconoció y la Fiscalía investigó, esa cadena de hechos demuestra algo que en el ejercicio del periodismo se repite una y otra vez: cuando el silencio se rompe, la verdad termina encontrando camino.
Y aquí, Por Si Estaban Con El Pendiente, seguiremos atentos, investigando, denunciando y dando seguimiento a este y a cualquier otro caso que implique abuso de poder o daño a la sociedad.
Porque cuando la verdad se publica, la impunidad empieza a tambalearse.
