28 de octubre de 2025

Por Silvia Núñez Hernández

En Veracruz, el periodismo agoniza… pero no por falta de voces, sino por exceso de servilismo. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), creada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, nació podrida de origen: no para proteger periodistas, sino para controlarlos. Desde entonces, la historia de ese organismo ha sido una sucesión de nombres, nóminas y vergüenzas.

Porque la CEAPP jamás ha funcionado. Desde su creación, Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, y Benita González Morales, como comisionada presidenta, fueron piezas del engranaje de poder duartista que sirvieron como operadoras políticas del régimen. Mientras Veracruz se manchaba de sangre con el asesinato de periodistas, ellas guardaban silencio, maquillaban cifras y simulaban protocolos. No defendían a nadie; se defendían a sí mismas.

Después vinieron Jorge Morales como secretario ejecutivo y Ana Laura Pérez Mendoza como comisionada presidenta, una dupla que hundió más a la institución: usaron el poder para amedrentar medios, excluir voces críticas y manipular recursos públicos. Bajo su gestión, la CEAPP se consolidó como un aparato de represión institucional, disfrazado de oficina de ayuda.

Posteriormente, la historia se repitió con Israel Hernández Sosa como secretario ejecutivo y Silverio Quevedo Elox como comisionado presidente, este último que simbolizan la continuidad del vicio: callar, complacer y servir al poder en turno. Hoy, Silverio Quevedo —impuesto por la zacatecana Rocío Nahle García— despacha como titular de Comunicación Social del Congreso local, saltando de cargo en cargo, de partido en partido y de amo en amo, como un profesional del acomodo.

Y en el presente, la degradación alcanza su punto más burdo: Luis Ramírez Baqueiro encabeza la CEAPP como presidente, acompañado de Tulio Moreno como secretario ejecutivo. Ambos son la evidencia viva de que la institución no protege periodistas, protege nóminas. Son los nuevos rostros de un organismo que hoy opera contra el gremio, negando atención, bloqueando solicitudes y usurpando la función para la cual fueron creados.

La doble moral del “protector de periodistas”

En su reciente columna Astrolabio Político, Baqueiro le escribe una carta de amor político a su benefactora. La presenta como heroína del norte de Veracruz, como jefa de rescates, como símbolo de esperanza… cuando todos sabemos que llegó tarde, posó para las cámaras y se fue en helicóptero. Es la vieja fórmula: propaganda disfrazada de periodismo, vasallaje disfrazado de objetividad.

Y mientras eso ocurre, la CEAPP se ha convertido en una oficina de simulación:

  •  El titular de primer contacto ignora llamadas de emergencia y evade atender a comunicadores amenazados.
  • El director jurídico prefiere las fotos en eventos oficiales a pisar territorio.
  • El comisionado presidente usa la institución como trampolín personal.
  • Y el secretario ejecutivo, como buen burócrata del régimen, firma sin saber, cobra sin servir y calla sin vergüenza.

Todo un coro de aduladores institucionales que confunden lealtad con servidumbre.

La ley que ellos mismos violan

La Ley 586 para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz es clara: la CEAPP debe garantizar medidas de protección, acompañamiento y atención a comunicadores en riesgo. Pero esta generación —como todas las anteriores— se ha especializado en violar su propia ley: niegan atención, revictimizan, archivan denuncias y desprecian el dolor de sus colegas.

En los hechos, la CEAPP no es autónoma ni útil. Es una sucursal política del gobierno estatal, controlada por la mano de la zacatecana, que reparte cargos y exige gratitud a cambio. Y ahí están todos, obedientes y arrodillados, hincándose ante su ama, como si la libertad de expresión fuera una ofrenda personal a la señora Rocío Nahle.

Reformar o desaparecer

Urge una reforma profunda a la Ley 586, una que prohíba expresamente que cualquier integrante de la CEAPP ejerza el periodismo mientras ocupe el cargo. No se puede ser juez y parte. No se puede cobrar por proteger periodistas mientras se escribe propaganda política. No se puede vivir del erario y al mismo tiempo usarlo para limpiar la imagen del poder.

Y más aún: los propios periodistas debemos promover una ley ciudadana que impida que quienes ocupen esos puestos ejerzan el periodismo mientras estén en funciones. Si de verdad queremos instituciones que sirvan al gremio, debemos empezar por cerrar las puertas al conflicto de intereses y al servilismo institucionalizado.

La libertad de expresión no necesita burócratas de rodillas ni defensores de papel. Necesita guardianes con dignidad.

En Veracruz, la CEAPP nunca ha sido un escudo: nació como un instrumento de control y hoy es el látigo institucional del periodismo crítico. Un organismo que no protege, que no responde, que no defiende. Un refugio de mediocres que han hecho del silencio una forma de lealtad.

Y mientras los periodistas son perseguidos, hostigados y amenazados, los “defensores” del gremio están ocupados… escribiendo columnas de gratitud para su patrona.

Porque en Veracruz, parece que algunos no se conforman con callar: también quieren lustrar las botas del poder.