AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hoy las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas están tomadas. No es una metáfora. No es un gesto simbólico. Es la consecuencia directa de un modelo de operación que ha decidido administrar el desgaste en lugar de resolver los casos. Cuando las víctimas llegan al punto de cerrar puertas para poder ser escuchadas, la crisis ya no es individual: es institucional.
Y en el centro de esa crisis está Namiko Matzumoto Benítez, actual titular de la Comisión de Víctimas, quien no sólo encabeza el organismo, sino que arrastra una forma muy particular de ejercer el poder administrativo: dilatar, fragmentar, dispersar y, cuando la presión crece, responder con tecnicismos que no resuelven nada. La atención integral se convierte así en una coreografía burocrática donde todo parece moverse, pero nada avanza realmente.
El patrón es conocido por quienes han pasado por sus oficinas: no hay negativas directas, porque eso generaría conflicto abierto. Lo que hay son respuestas parciales, solicitudes adicionales, trámites que se extienden hasta el agotamiento, evaluaciones que se anuncian y nunca concluyen, apoyos que se prometen y se posponen. La estrategia no es confrontar; es pulverizar. Cansar hasta que la insistencia parezca exageración.
Y en ese esquema aparece el famoso FARI, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que debería operar como instrumento claro de apoyo inmediato, pero que bajo esta administración parece tratado como si fuera patrimonio personal, como si su acceso dependiera de un criterio interno reservado y no de un compromiso real con quienes han sido violentadas. La percepción que circula entre víctimas no es menor: el fondo no se niega, se administra con cuentagotas. Y administrar con cuentagotas cuando se habla de reparación no es prudencia; es control.
Pero la historia no termina ahí. Namiko Matzumoto Benítez no sólo encabeza la Comisión de Víctimas; también dejó sembrada una estructura de lealtades. Cuando asumió otros espacios, dejó como encargada a su secretaria ejecutiva, Minerva Regina Pérez López, quien hoy es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La relación política es evidente. La cercanía es conocida. Y el cuestionamiento es inevitable.
Si hoy las instalaciones están tomadas y las víctimas denuncian dilaciones y trato revictimizante, la pregunta natural es si Minerva Regina Pérez López va a proceder de oficio, va a acompañar realmente a quienes protestan y va a revisar lo que ocurre en la Comisión de Víctimas, o si el vínculo político pesará más que la obligación institucional.
La respuesta parece obvia. Y hasta provoca risa.
Porque hablar de actuación oficiosa en un escenario donde las lealtades son tan claras suena más a formalidad discursiva que a posibilidad real. Las instituciones en Veracruz suelen proteger estructuras antes que personas, y los cargos suelen blindarse entre sí con una solidaridad silenciosa que pocas veces favorece a quien reclama desde abajo.
La manifestación actual no es contra un nombre por capricho. Es contra una forma de operar que convierte la atención en trámite y la reparación en espera. Es contra un modelo donde quien insiste es visto como problema y no como sujeto de derecho. Es contra una administración que parece más preocupada por el control interno que por la solución externa.
Namiko Matzumoto Benítez sigue siendo la titular de la Comisión de Víctimas y sigue defendiendo su gestión como si el conflicto fuera exageración y no síntoma. Mientras tanto, Minerva Regina Pérez López ocupa la presidencia de la CEDH, el organismo que debería vigilar, intervenir y, si fuera necesario, señalar irregularidades.
¿Va a hacerlo? Difícil creerlo.
Porque cuando los cargos se construyen desde la cercanía política, la independencia se vuelve incómoda. Y la incomodidad rara vez se ejerce cuando puede fracturar lealtades.
Hoy la Comisión está tomada. Mañana quizás haya comunicados, reuniones y fotografías institucionales. Pero lo que no se puede maquillar es el hecho de que las víctimas están gritando desde afuera lo que durante meses se ignoró desde adentro.
Y cuando una institución creada para proteger termina siendo señalada por quienes debería acompañar, el problema ya no es administrativo. Es moral.
La pregunta final no es si Namiko resistirá la presión ni si Minerva emitirá un pronunciamiento correcto. La pregunta real es si en Veracruz las instituciones están diseñadas para defender víctimas o para defenderse entre sí.
Por ahora, la respuesta está en las puertas cerradas y en las voces que no se quisieron escuchar a tiempo.
