UV
Por Silvia Núñez Hernández
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, integrado por los magistrados Israel Herrera Severiano, Ahleli Antonia Feria Hernández y Rosenda Tapia García, validó la prórroga del rector de la Universidad Veracruzana bajo el argumento de que la UV “no es autoridad para efectos del amparo”. La resolución exhibe cómo el poder judicial y el académico se entrelazan para sostener una estructura de control político y silencio institucional.
La prórroga del rector de la Universidad Veracruzana no fue un trámite académico: fue una maniobra política legitimada desde el Poder Judicial.
El tribunal encabezado por Israel Herrera Severiano, con el voto de Ahleli Antonia Feria Hernández y la participación de Rosenda Tapia García, desechó cinco amparos que impugnaban la extensión del mandato rectoral, concluyendo que ni la UV ni su Junta de Gobierno son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo.
El razonamiento, disfrazado de interpretación técnica, institucionaliza la impunidad académica y blinda el control político dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz.
El fallo convierte a la autonomía universitaria en una coartada jurídica del sometimiento**.
Los jueces del silencio
La integración del tribunal revela una estructura judicial débil y comprometida.
- Israel Herrera Severiano, presidente del órgano colegiado, acumula señalamientos por bajo desempeño y vínculos políticos, además de haber sido evaluado con calificaciones reprobatorias en procesos internos del Consejo de la Judicatura Federal.
- Ahleli Antonia Feria Hernández, recién incorporada, proviene del reciente proceso de “elección judicial” impulsado por el Poder Judicial de la Federación y el INE, cuestionado por su falta de transparencia y por premiar cercanías políticas más que méritos profesionales.
- Rosenda Tapia García, la tercera integrante, figura como secretaria en funciones de magistrada, es decir, no ha sido ratificada formalmente, pero participa en resoluciones de fondo, lo que pone en entredicho la independencia del tribunal.
En conjunto, la terna simboliza el deterioro de la justicia federal: un tribunal compuesto por un magistrado con historial político, una jueza de ingreso condicionado y una secretaria interina que actúa como magistrada plena.
La independencia judicial dejó de ser un principio para convertirse en una puesta en escena.
El espejismo jurídico: la UV “no es autoridad”
El fallo se sostiene en la jurisprudencia 1a./J.19/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual los actos de autogobierno de las universidades autónomas —como el nombramiento o la prórroga del rector— no afectan derechos fundamentales.
Bajo esa lógica, el tribunal de Boca del Río determinó que la UV carece de carácter de autoridad responsable.
Pero la interpretación es errónea y peligrosamente política.
La Universidad Veracruzana no es un ente abstracto: es un organismo público descentralizado, con presupuesto estatal, patrimonio público, facultad de contratación, sanción, normatividad interna obligatoria y poder disciplinario sobre miles de servidores públicos.
En términos constitucionales, ejerce autoridad, conforme al artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y al artículo 16 de la Constitución.
Negar esa calidad implica permitir un poder administrativo sin control judicial, lo que constituye una violación directa al principio de legalidad y a los derechos humanos de las comunidades universitarias.
La jurisprudencia fue aplicada fuera de contexto y sin considerar los efectos reales de la prórroga rectoral.
En otras palabras: una lectura acomodada para proteger al poder político, no para garantizar justicia.
El rectorado espurio y la captura de la autonomía
El rector prorrogado se mantiene no por legitimidad académica, sino por conveniencia política.
La Universidad Veracruzana, históricamente símbolo del pensamiento libre, fue absorbida por la burocracia del régimen.
Las plazas se reparten por lealtades, los procesos de selección se simulan y la crítica interna se castiga.
La autonomía universitaria, que debía ser mecanismo de protección de la libertad académica, se transformó en autarquía administrativa.
Hoy, el rector espurio no encabeza un proyecto académico: dirige un aparato de obediencia y simulación.
El poder universitario, en manos de intereses partidistas, ha roto su vínculo con la sociedad y su compromiso con la verdad.
Interseccionalidad jurídica: poder, educación y justicia
Desde el enfoque de interseccionalidad jurídica, este caso muestra cómo las estructuras judicial, académica y política se interconectan para perpetuar relaciones de poder que vulneran derechos fundamentales.
El análisis trasciende la universidad: revela un patrón de subordinación institucional normalizada.
- El derecho a la educación se compromete cuando el mérito académico cede ante la lealtad partidista.
- El acceso a la justicia se anula cuando los tribunales niegan el carácter de autoridad a quienes ejercen poder público.
- La libertad académica se destruye cuando los intelectuales deben callar para conservar su empleo.
La resolución del tribunal no solo afecta a una institución, sino que sienta un precedente de impunidad estructural.
Es la consagración de la justicia arrodillada ante el poder político.
Aún hay vías legales
A pesar de la sentencia, la vía jurídica no está agotada.
Existen tres rutas posibles para la defensa universitaria:
1. Queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, señalando la falta de independencia y la irregularidad en la integración del tribunal.
2. Solicitud de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocando el interés constitucional del caso.
3. Nuevos amparos indirectos, dirigidos contra los actos concretos derivados de la prórroga rectoral —como decisiones laborales, presupuestales o normativas— que sí vulneren derechos individuales o colectivos.
Cada una de estas vías requiere movilización universitaria y acompañamiento jurídico interdisciplinario.
El derecho, aunque debilitado, aún ofrece resquicios para la defensa de la autonomía auténtica.
La resistencia universitaria: entre la ética y la calle
La Universidad Veracruzana fue, alguna vez, la conciencia crítica de Veracruz.
Hoy, bajo un rectorado espurio avalado por magistrados subordinados, representa la derrota de la ética frente al poder.
Ante esta crisis, la resistencia universitaria no es opción: es deber.
Defender la universidad pública es defender el pensamiento libre, la verdad y el derecho a disentir.
Y si los tribunales renuncian a su función de equilibrio, las calles volverán a enseñar lo que las aulas ya no se atreven a decir: que la autonomía no se mendiga, se conquista.
