Ministra Lenia Batres
Por Rebeca Solano
La ministra Lenia Batres, identificada por su cercanía al oficialismo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó el proyecto del amparo directo 14/2025 para que el Pleno avale “sin matices” que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial.
La discusión está programada para el jueves 4 de diciembre, en una sesión donde podría modificarse el criterio vigente sobre los bloqueos financieros ordenados por la UIF.
El proyecto de Batres rompe con las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024, que habían declarado inconstitucional, por regla general, el bloqueo de cuentas sin control judicial previo, salvo cuando se tratara de cooperación internacional a petición de una autoridad extranjera.
El documento sostiene que la UIF es una autoridad “preventiva, no penal”, cuyas medidas son temporales y revisables, y que por ello no deben depender ni de una solicitud extranjera ni del aval judicial previo.
De aprobarse este nuevo criterio, los bloqueos sólo podrían revertirse si las personas afectadas acreditan plenamente el origen lícito de los recursos, en un escenario donde la reforma a la Ley de Amparo, vigente desde octubre de 2025, ya impide suspensiones provisionales contra los congelamientos financieros.
- La UIF concentraría la facultad de congelar cuentas sin control judicial previo, desplazando el filtro de los jueces hacia un modelo de control administrativo directo.
- La SCJN desmontaría criterios propios construidos en la última década, que declaraban inconstitucionales los bloqueos nacionales y sólo permitían los realizados por cooperación internacional.
- La defensa patrimonial se endurecería: las personas bloqueadas no tendrían suspensiones y tendrían que probar la licitud de su dinero.
- Críticos del gobierno advierten que podría convertirse en una herramienta de persecución política.
El texto de Batres afirma que los criterios de 2018 y 2024 “no resultan vinculantes” y que han generado “severas distorsiones en detrimento del interés público”, por lo que propone interrumpir explícitamente la jurisprudencia 2a./J. 46/2018.
Sostiene además que limitar los bloqueos a peticiones extranjeras contradice los programas estatales de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. El cambio se presenta como congruente con la reciente reforma a la Ley de Amparo, cuyo propósito —según el documento— es “fortalecer la capacidad del Estado” frente al flujo de recursos ilícitos.
El proyecto califica la interpretación previa de la Corte como “excesivamente formalista” y contraria a la soberanía nacional, pues inhibiría la facultad del Estado mexicano para aplicar medidas autónomas contra el lavado de activos.
También contrasta el “proteccionismo hacia capitales privados” de gobiernos anteriores con una “orientación estatal” que priorizaría igualdad, justicia social, protección del patrimonio nacional e integridad del sistema financiero.
La facultad de la UIF se sustenta en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que le permite inmovilizar operaciones bancarias como medida preventiva contra lavado de dinero y terrorismo.
La dependencia está encabezada por Omar Reyes, un funcionario de perfil policial cercano a la estructura del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
