Críticas a la gestión de Sheinbaum marcan debate público rumbo a 2026
Por Rebeca Solano
A lo largo de 2025, activistas, jóvenes y familiares de víctimas han expresado un creciente descontento con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de mantener un discurso sin resultados tangibles en materia de seguridad, justicia y atención a víctimas, pese a haber llegado al poder con la consigna de “Llegamos todas”.
Entre los principales señalamientos destaca que, aunque el gobierno federal presume reducciones en homicidios, las desapariciones continúan al alza, persisten feminicidios y se mantiene una percepción de violencia normalizada en distintas regiones del país.
Uno de los casos que detonó mayor indignación fue el del Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde colectivos de búsqueda denunciaron indicios de restos humanos y posibles crematorios clandestinos. Las declaraciones oficiales que calificaron el caso como un posible “montaje” generaron rechazo, especialmente entre madres buscadoras que aseguraron reconocer prendas y objetos personales de personas desaparecidas.
Otro punto central de crítica fue el asesinato de Valeria Márquez, creadora de contenido, así como la desaparición de la niña Kimberly Moya, casos que, de acuerdo con activistas, evidencian una respuesta institucional limitada, resumida en comunicados oficiales y la apertura de carpetas de investigación sin resultados públicos claros.
Las inconformidades también alcanzaron a la política social y económica. Sectores campesinos denunciaron recortes, centralización de apoyos y falta de diálogo, mientras que jóvenes de la Generación Z acusaron represión e intimidación durante protestas realizadas en la capital del país, incluyendo operativos policiacos para desalojar manifestaciones.
En el plano político, las críticas subrayan que ser la primera presidenta mujer no se ha traducido en un cambio estructural, y que el gobierno enfrenta cuestionamientos por frialdad institucional, minimización de tragedias y discursos considerados vacíos. A esto se suma la preocupación por el encarecimiento del costo de vida y la creación de nuevos impuestos, en un contexto de presión presupuestal.
Finalmente, las voces críticas llaman a exigir rendición de cuentas, recordando el juramento constitucional presidencial y advirtiendo que el silencio social permite la continuidad de abusos de poder. El debate, señalan, seguirá intensificándose rumbo a 2026, en un país marcado por la demanda de justicia, seguridad y cambios reales.
