Delegación Regional Veracruz de la Secretaría de Educación de Veracruz
Por Karen Nochebuena
- Empleado habría exigido efectivo para adelantar entrega de tarjetas de nómina BBVA; autoridades guardaron silencio ante las quejas.
Un presunto esquema de corrupción fue denunciado en la Delegación Regional Veracruz de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde un auxiliar administrativo habría solicitado dinero en efectivo a docentes y personal educativo para “adelantar” la entrega de tarjetas de nómina del banco BBVA.
De acuerdo con testimonios directos de trabajadores afectados, los hechos comenzaron a registrarse a partir del lunes 8 de diciembre, durante el proceso institucional de sustitución de plásticos bancarios. Los señalamientos apuntan a un empleado adscrito al área de recursos financieros, identificado como Sergio Gabriel Moreno Valerio, quien presuntamente ofrecía un “trámite preferencial” a cambio de un pago en efectivo.
El mecanismo del presunto cobro ilegal
Según las denuncias recabadas, el trabajador se acercaba a los docentes formados en largas filas y les ofrecía evitar la espera a cambio de una suma de dinero. Quienes aceptaban eran conducidos de inmediato con personal bancario para recibir su tarjeta, mientras el resto permanecía en espera bajo el procedimiento regular.
Este presunto esquema no solo implica un posible acto de cohecho, sino también un uso indebido de funciones públicas para obtener un beneficio económico personal, en contravención directa a las obligaciones básicas del servicio público.
Omisión institucional agrava el caso
Pese a que varios afectados aseguran haber informado de manera directa a mandos internos de la delegación, también denunciaron que no se inició ningún procedimiento administrativo, ni se activaron mecanismos de control interno para investigar los hechos.
La omisión prolongada de las autoridades educativas no solo normaliza conductas presuntamente ilícitas, sino que vulnera el derecho de las y los trabajadores a recibir su pago sin condicionamientos ilegales, abonando a un clima de impunidad dentro de la estructura administrativa.
Exigen investigación y sanciones
Trabajadores consultados exigieron una investigación inmediata, la separación cautelar del funcionario implicado mientras se esclarecen los hechos, y la intervención de los órganos de control y fiscalización para determinar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa a las delegaciones regionales, históricamente señaladas por prácticas discrecionales, tráfico de influencias y ausencia de supervisión efectiva desde el nivel central.
