Libertad de Expresión
Por Anais Zavala
Cuando parecía que los gestos, decisiones y discursos de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, buscaban proyectar una etapa de reconciliación con la sociedad y la prensa, un nuevo episodio de presunta represión vuelve a colocar a Veracruz en el escaparate nacional e internacional, nuevamente por razones negativas.
La detención del reportero Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, acusado de manera desproporcionada del delito de “terrorismo”, encendió todas las alertas por la forma en que fue ejecutada y por el contexto político que la rodea. Diversos actores han señalado que no se trata de una simple falta administrativa, sino de una acción institucional intimidatoria y ejemplarizante.
El caso ha provocado un repudio generalizado en redes sociales y espacios de análisis público, pese a que la mandataria estatal negó cualquier acto de censura y reiteró el argumento de que “todos son iguales ante la ley”, incluidos los periodistas, una afirmación que contrasta con los hechos.
Uno de los elementos que más preocupación ha generado es que León Segovia no fue detenido por una autoridad vial o municipal, sino por elementos del Ejército mexicano, pese a que el comunicador únicamente había reportado un accidente de tránsito. El uso de fuerzas armadas contra un civil sin perfil criminal ha sido calificado como absurdo e inquietante.
De acuerdo con información difundida en espacios públicos, el comunicador habría documentado un accidente en el que estuvo involucrada la hija de una abogada presuntamente cercana al círculo político de Rocío Nahle, lo que habría detonado la activación del aparato del Estado, no para esclarecer los hechos, sino para intimidar.
La respuesta oficial ha sido considerada desproporcionada y abusiva, alimentando la percepción de que en Veracruz la ley no se aplica de manera equitativa, sino en función de los vínculos con el poder político.
Especialistas y analistas advierten que la utilización del Ejército en un caso de esta naturaleza confirma una distorsión profunda del Estado de derecho, donde la fuerza pública deja de proteger a la ciudadanía y se convierte en instrumento político.
Además, se ha señalado que en Veracruz el Poder Judicial ha dejado de fungir como contrapeso, actuando como un acompañamiento del Ejecutivo, lo que refuerza la sensación de impunidad estructural.
El analista político Rafael Cardona afirmó que las declaraciones de la gobernadora han perdido credibilidad, al acumularse antecedentes no esclarecidos, incluidas decisiones políticas cuestionables y fortunas personales de origen opaco.
Lo ocurrido con Rafael León Segovia, advierten organizaciones y observadores, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón cada vez más visible: uso selectivo de la fuerza pública, persecución de voces incómodas y protección absoluta de redes cercanas al poder.
Mientras estas prácticas continúen sin consecuencias, concluyen, los abusos no solo persistirán, sino que se normalizarán, reafirmando que en Veracruz la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción
