Por Silvia Núñez Hernández
Claudia Sheinbaum, en su mañanera se limita a informar lo que la sociedad ya conoce. Eso no basta. La sociedad no necesita un parte gubernamental que repita lo evidente: necesita una decisión de Estado que asuma responsabilidades, delimite culpables y ejecute consecuencias. Porque cuando la tragedia ocurre en un proyecto público de esta magnitud, el problema ya no es “qué pasó”, sino por qué era previsible, quién omitió lo que debía hacer y quién se benefició de que no se hiciera bien.
Como ciudadanía exigimos algo más que narrativas oficiales y expresiones de “se investiga”. Exigimos que se investigue y se sancione a los verdaderos responsables de esta tragedia, con la seriedad que implica hablar de vidas humanas. La diferencia entre un Estado funcional y uno que administra el desastre es simple: el primero garantiza prevención, supervisión y rendición de cuentas; el segundo reacciona tarde, comunica a conveniencia y utiliza expedientes como anestesia mediática.
Con la misma determinación con la que Rocío Nahle García ha intentado silenciar a la prensa veracruzana, utilizando el poder público para castigar el ejercicio de la libertad de expresión, exigimos que se investigue y se sancione —sin excepciones ni privilegios— a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y a sus círculos cercanos. No se trata de un capricho político ni de una “guerra de narrativas”; se trata de un principio elemental de legalidad democrática: si hay indicios públicos de tráfico de influencias, beneficios indebidos, conflicto de interés o negocios alrededor de una obra federal, la obligación del gobierno es aclarar, auditar, investigar y sancionar. Lo contrario es impunidad; y la impunidad, cuando se instala como regla, termina costando vidas.
La corrupción que se presume, se documenta y se trivializa hoy tiene un costo humano. No es una discusión abstracta sobre contratos o sobre “adversarios”; son familias enfrentando pérdidas irreparables como consecuencia directa de decisiones irresponsables, de controles debilitados y de una cultura institucional que prefiere proteger símbolos políticos antes que proteger personas. Cuando desde el poder se normaliza que haya “intocables”, lo que se consolida no es un proyecto nacional: es un régimen de privilegios.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico no puede ni debe tratarse como un hecho fortuito. En un país con infraestructura pública deteriorada, llamar “accidente” a lo que deriva de improvisación, opacidad y corrupción estructural equivale a normalizar el fracaso del Estado y a diluir responsabilidades institucionales. Un accidente es lo imprevisible; lo que resulta de mala ejecución, de supervisión deficiente y de mantenimiento insuficiente no es imprevisible: es consecuencia. Y una consecuencia, por definición, tiene cadena de decisiones, responsables directos y responsables por omisión.
Las grandes obras públicas no fallan por azar. Fallan cuando se recortan procesos técnicos, se simulan mecanismos de supervisión, se asignan contratos por afinidad política y se sustituye la planeación por propaganda. Fallan cuando la prioridad deja de ser la ingeniería y pasa a ser la narrativa; cuando la seguridad operativa se vuelve un trámite; cuando los reportes se maquillan para que “no se vea mal” el proyecto; cuando el control interno se subordina a la instrucción política. El Tren Interoceánico ha sido presentado como emblema de desarrollo, pero su operación exhibe lo contrario: deficiencias constructivas, mantenimiento inadecuado y ausencia de controles efectivos de seguridad, o bien controles que existen solo en el papel para cubrir responsabilidades.
Aquí está el punto de fondo: la infraestructura no es una ceremonia. No se gobierna con inauguraciones. Se gobierna con estándares, auditorías, dictámenes técnicos, protocolos de mantenimiento, inspecciones independientes y trazabilidad de decisiones. Si algo de eso falló —y es evidente que falló—, entonces no basta con “lamentar” ni con “informar”: hay que determinar la responsabilidad administrativa y penal de quienes autorizaron, supervisaron, certificaron, operaron y omitieron.
La reacción de la Secretaría de Marina reproduce un patrón ya conocido: un comunicado oficial, el anuncio de una carpeta de investigación y, posteriormente, el silencio administrativo. Informar no es rendir cuentas. Abrir expedientes sin consecuencias reales no es justicia; es una forma de administración política del daño. En México hemos visto este ciclo demasiadas veces: ocurre la tragedia, se anuncia investigación, se promete transparencia, y luego el expediente se vuelve opaco, lento o estéril. El discurso se convierte en sustituto de la acción y, con el tiempo, la indignación social se desgasta. Ese desgaste no es casual: es parte del método.
Si se quiere romper el patrón, hay una ruta mínima de seriedad: auditoría técnica completa; publicación de dictámenes de seguridad; identificación de contratos, responsables, supervisores y empresas; delimitación de fallas por etapas; responsabilidades administrativas y, si procede, penales; y reparación integral para las víctimas. Todo lo demás es narrativa. Y la narrativa, por sí misma, no devuelve vidas ni protege a quienes siguen expuestos a fallas futuras.
Los antecedentes incómodos permanecen intactos. La cercanía de amigos, operadores y beneficiarios vinculados al entorno familiar del expresidente con negocios alrededor del proyecto ferroviario no es una especulación ni una narrativa adversarial: es un asunto documentado, expuesto públicamente y nunca esclarecido. Y lo verdaderamente grave no es que existan señalamientos, sino que el Estado no haya sido capaz —o no haya querido— responderlos con procedimientos de control y sanción. En una democracia real, los proyectos públicos están blindados precisamente contra eso: contra el conflicto de interés, contra el tráfico de influencias, contra la captura de contratos por redes de poder.
Cuando videos, declaraciones y exhibiciones de beneficios derivados de la obra siguen circulando sin una sola sanción administrativa o penal, el mensaje institucional es devastador: se puede lucrar con el Estado y no pasa nada. Y si se puede lucrar sin consecuencias, entonces se abren las puertas a la mala calidad, a la simulación técnica, a la reducción de estándares, a la compra de silencios y a la administración de riesgos a costa de personas reales.
El problema no es únicamente el descarrilamiento. El problema es el mensaje de impunidad que se reproduce: obras deficientes, recursos públicos diluidos y ausencia absoluta de consecuencias para quienes decidieron, contrataron, supervisaron —o deliberadamente omitieron hacerlo—. Cada nuevo “incidente” se suma como evidencia de un modelo donde la lealtad política prevalece sobre la capacidad técnica y donde el discurso anticorrupción se agota en la tribuna, pero no alcanza a los expedientes. Y cuando el discurso anticorrupción se convierte en escenografía, lo que queda es un Estado que se protege a sí mismo, no un Estado que protege a la gente.
Aquí conviene nombrar el núcleo duro: la impunidad no es un error del sistema; es el sistema cuando los poderosos quedan fuera del alcance de la ley. Si el gobierno presume que combate la corrupción, entonces debe demostrarlo en el único lugar donde esa lucha se vuelve real: en la fiscalización efectiva, en las sanciones, en la recuperación de recursos y en las responsabilidades penales cuando corresponda. Sin eso, la palabra “corrupción” se vuelve un insulto vacío usado solo contra los adversarios, nunca contra los propios.
Cuando el Estado falla de esta manera, no estamos ante un error operativo ni ante un hecho aislado. Estamos ante responsabilidad institucional, negligencia estructural y corrupción tolerada desde el poder. Y mientras esa responsabilidad no se traduzca en investigaciones reales, sanciones ejemplares y castigos efectivos —incluidos los actores políticamente intocables—, el próximo descarrilamiento no será una sorpresa: será, una vez más, una consecuencia anunciada. El gobierno puede seguir informando. Pero la sociedad está exigiendo algo distinto: que por una vez, los culpables no se escondan detrás de un micrófono.
