Presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez
Por Redacción AGN Veracruz
A sólo unos días de entregar el Ayuntamiento de Veracruz, la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez intenta dejar atado un paquete de 51 basificaciones laborales que, según documentos oficiales, beneficiaría a familiares, colaboradores cercanos y operadores políticos ligados al grupo Yunes.
La maniobra quedó al descubierto el 28 de octubre de 2025, cuando se filtraron oficios internos de la Subdirección de Recursos Humanos y del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Veracruz, ambos con sello de recibido oficial y con fundamento para ejecutarse a partir del 1 de noviembre, un día después del cierre de su gestión.
La evidencia documental
El expediente administrativo identificado como Oficio SRH/931 y Expediente 0261/2025, firmado por Javier Noriega García, subdirector de Recursos Humanos, y dirigido a Sergio Armando Cortina Ceballos, secretario del Ayuntamiento, solicita la elaboración de los “nombramientos definitivos” para los trabajadores “que han venido cubriendo plazas interinamente”.
El documento, con el sello institucional de “Nuestro Puerto, Nuestra Casa”, fue acompañado por una lista nominal de 51 nombres que la administración busca convertir en personal de base. Dicha lista lleva el membrete del Sindicato Único, encabezado por Estela Fentanes Jiménez, y fue recibida el mismo día, con el registro 005137, por la Subdirección de Recursos Humanos.
Entre los beneficiarios aparecen figuras ampliamente reconocidas en la estructura interna del Ayuntamiento y en el círculo político de los Yunes:
- Elida Ahued Romero, secretaria particular de Patricia Lobeira.
- Alicia Ruth Rossete Rosas, directora de Atención Ciudadana.
- Manuel Alfredo Spíndola Reyes* director de Servicios Generales.
- Pamela Audirac Cuevas, hija del exsecretario de Finanzas duartista Mauricio Audirac Murillo, condenado por peculado y abuso de autoridad.
- Valeria del Rosario Rivera Vera, hija del síndico Manuel Rivera Polanco y de la diputada suplente Maryjose Gamboa.
- Javier Toscano Espinosa, operador político de Miguel Ángel Yunes Linares.
- Mónica Utrera, lideresa comerciante yunista del corredor Reforma.
La lista se complementa con personas cercanas a las familias Lobeira y Yunes, entre ellas Marcela Gordillo, Alicia Rossete, Noelia Reyes y Jorge Castillo, hermano del ex presidente del OPLE Municipal, acusado de fraude electoral en 2021.
Una convocatoria exprés al Cabildo
El Secretario del Ayuntamiento, Sergio Armando Cortina Ceballos emitió la Convocatoria a Sesión Ordinaria de Cabildo para el 30 de octubre de 2025, a las 16:00 horas, citando los artículos 28, 29, 32, 36 y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
En el orden del día se prevé discutir la “aprobación de nombramientos definitivos del personal sindicalizado”.
La convocatoria incluye un enlace a los anexos oficiales alojados en una carpeta de Google Drive, con la documentación de respaldo de cada plaza.
De aprobarse en esa sesión, los nombramientos entrarían en vigor el 1 de noviembre, es decir, cuando Lobeira ya no esté en funciones.
La reacción ciudadana
El intento de basificación provocó una ola de indignación en redes sociales.
El abogado Antonio Morales advirtió que, si el Cabildo aprueba el acuerdo, “cualquier ciudadano podrá interponer un amparo dentro de los 15 días siguientes”, invocando el principio de interés legítimo.
Otros usuarios fueron más contundentes:
- “No tienen llenadera”, escribió Omar Espejo.
- “Es una burla para el pueblo veracruzano”, publicó Paulis Rosas.
- “Más del 50% del presupuesto se va en nómina, y aún así buscan inflarla. Esto significa más baches, menos seguridad y peores servicios públicos”, expresó Manuel Rogel.
En la misma línea, ciudadanos reclamaron que esta acción “heredará una nómina insostenible” a la próxima administración de Rosa María Hernández Espejo, quien deberá enfrentar el impacto financiero de las nuevas basificaciones.
El trasfondo político
Fuentes sindicales y administrativas confirmaron que este movimiento no responde a una necesidad laboral, sino a una estrategia de blindaje político.
Cada plaza otorgada significaría un voto sindical y una lealtad garantizada para los intereses de la familia Yunes y su red de aliados panistas.
“Se trata de dejar anclada una estructura interna que condicione el margen de maniobra del próximo gobierno municipal”, señalan analistas locales consultados por este medio.
El propio sindicato, históricamente alineado al grupo político yunista, habría gestionado la lista de beneficiarios bajo el discurso de “reconocimiento laboral”, aunque muchos nombres no pertenecen al personal operativo ni administrativo que cubre funciones esenciales del Ayuntamiento.
Consecuencias legales y éticas
De concretarse la aprobación, el acuerdo podría ser impugnado por la vía del amparo indirecto, al presumirse violaciones a los principios de legalidad, imparcialidad y racionalidad presupuestaria, previstos en los artículos 134 de la Constitución Federal y 118 de la Ley Orgánica Municipal.
Además, especialistas en administración pública advierten que las basificaciones violarían los criterios de austeridad establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al comprometer recursos del ejercicio 2026 sin justificación técnica.
Con esta maniobra, Patricia Lobeira da su última estocada administrativa.
Lo que aparenta ser un acto de justicia laboral es, en realidad, un blindaje político-financiero que asegura la permanencia de sus incondicionales dentro de la estructura municipal.
Mientras tanto, los veracruzanos —hartos de los excesos y del saqueo institucional— siguen esperando que el próximo gobierno ponga fin a los privilegios heredados y haga valer una máxima simple pero poderosa:
El pueblo pone… y el pueblo quita.
