El debate legal que sacude la geopolítica global
Por Rebeca Solano
Una narrativa que circula con fuerza en redes sociales y espacios de análisis geopolítico ha encendido las alarmas: la posibilidad de que Estados Unidos pueda intervenir militarmente en cualquier país sin declarar la guerra, amparado en marcos legales creados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El eje del debate es la diferencia jurídica entre una invasión militar y una “operación antiterrorista”, una distinción que, según especialistas y analistas, podría redefinir el concepto de soberanía nacional en el siglo XXI.
Estados Unidos y la guerra que no se declara
Estados Unidos no declara formalmente una guerra desde 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, conflictos armados en Corea, Vietnam, Irak, Libia, Siria y Afganistán han sido clasificados como “operaciones militares”, “intervenciones” o “acciones antiterroristas”, evitando así los mecanismos constitucionales de una declaración de guerra.
La AUMF: la clave legal
Tras los atentados del 11-S, el Congreso estadounidense aprobó la Authorization for Use of Military Force (AUMF), una ley que autoriza al presidente a usar fuerza militar contra personas u organizaciones designadas como terroristas, sin necesidad de aprobación del Congreso ni declaración formal de guerra.
De acuerdo con este marco, la designación de “terrorista” se convierte en el punto de partida legal para acciones militares directas.
Narcotráfico y jurisdicción universal
Desde la década de 1980, el narcotráfico es considerado un delito de jurisdicción universal, similar a la piratería en siglos pasados.
Esto implica que cualquier Estado puede perseguir penalmente este crimen sin importar dónde se cometa.
En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales por narcotráfico contra altos funcionarios venezolanos, incluyendo cargos por conspiración para introducir cocaína a territorio estadounidense, uso de armas y liderazgo del llamado Cartel de los Soles, acompañadas de recompensas millonarias.
Según esta interpretación legal, una eventual captura no sería considerada una invasión, sino la ejecución de una orden de arresto internacional, aunque implique la violación de la soberanía del país donde se realice.
El precedente que inquieta al mundo
Analistas advierten que el verdadero impacto no sería un caso específico, sino el precedente:
Cualquier potencia con capacidad militar podría acusar a un líder extranjero de terrorismo o narcotráfico, emitir una orden judicial y lanzar una operación armada sin llamarla guerra.
Este escenario debilita gravemente el derecho internacional y el principio de soberanía nacional.
Presión política y negociación
Otra arista del análisis señala que las acusaciones penales pueden convertirse en herramientas de presión geopolítica, donde líderes señalados funcionan como moneda de cambio para forzar transiciones políticas, cooperación estratégica o concesiones económicas.
Democracia y control territorial
El debate también cuestiona si, bajo estos esquemas, las potencias priorizan estabilidad, control de recursos y seguridad, por encima del reconocimiento pleno de procesos democráticos, abriendo la puerta a gobiernos de transición tutelados o administraciones con soberanía limitada.
Una alerta global
Más allá de su carácter hipotético o analítico, la narrativa deja una pregunta central:
¿está emergiendo un nuevo modelo de guerra que ya no se declara, sino que se ejecuta como un “operativo judicial antiterrorista”?
