Reforma a la Ley Electoral en México
Por Rebeca Solano
La reforma a la Ley Electoral en México se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político y jurídico nacional, en medio de audiencias públicas, propuestas ciudadanas y controversias sobre el rumbo del sistema democrático.
Autoridades y legisladores han impulsado un proceso de reforma que busca actualizar las reglas electorales, con el argumento de fortalecer la democracia, reducir costos y mejorar la participación ciudadana, a través de mecanismos como audiencias públicas y consultas abiertas en diversas entidades del país.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, ha realizado foros en los 32 estados para recopilar propuestas tanto a favor como en contra, con la intención de que esta iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión en enero de 2026.
Entre las propuestas que han surgido en torno a la reforma, se encuentran cambios en la organización de los procesos electorales, inclusión de nuevas tecnologías en la votación, fortalecimiento de la justicia electoral y ajustes presupuestales para hacer los comicios “más austeros y eficientes”.
Sin embargo, el proceso también ha generado debate y críticas, ya que reformas anteriores —como la llamada **“Plan B” electoral de 2023— fueron impugnadas e incluso anuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al procedimiento legislativo, lo que evidencia la complejidad y polarización en torno al tema.
Organizaciones y voces de la sociedad civil han señalado que cualquier reforma debe garantizar elecciones libres, transparentes y con independencia de las autoridades electorales, mientras que otros actores ven en estos cambios una oportunidad para modernizar el sistema.
En este contexto, el debate sobre la reforma a la Ley Electoral continúa abierto en México, con expectativas de que las propuestas recopiladas durante 2025 se traduzcan en iniciativas concretas en el Congreso y marquen el rumbo de la legislación electoral en los próximos años.
