Claudia Sheinbaum: legalidad, legitimidad y críticas tras su posicionamiento como presidenta
Por Redacción
Claudia Sheinbaum Pardo es, desde el 1 de octubre de 2024, la presidenta constitucional de México, tras ganar la elección presidencial de junio de 2024 y ser validada oficialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Tribunal desechó las impugnaciones contra su triunfo, declaró válida la votación y confirmó que obtuvo la mayoría de votos expresados conforme a la legislación electoral vigente, por lo que cumple con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo.
Claves de la situación actual
1. Victoria electoral certificada por la autoridad electoral:
La Sala Superior del TEPJF confirmó la validez de la elección de 2024, desechando más de 200 impugnaciones presentadas contra los resultados, y entregó a Sheinbaum la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa y, posteriormente, como presidenta constitucional.
2. Críticas políticas y denuncias de fraude no han prosperado jurídicamente:
Diversos actores políticos y grupos opositores han acusado irregularidades en el proceso —incluyendo señalamientos de fraude electoral o mala organización del Instituto Nacional Electoral (INE)— pero ninguna de estas denuncias ha sido aceptada por las instancias jurisdiccionales con competencia para anular o revertir el resultado de la elección presidencial.
3. Debate público sobre legalidad, legitimidad y críticas políticas:
En el discurso político, sectores de oposición insisten en cuestionar la legitimidad del gobierno, argumentando supuestas fallas o parcialidades de las instituciones electorales. Estos señalamientos circulan ampliamente en grupos políticos y redes sociales, aunque no han tenido reconocimiento formal por parte de tribunales con facultades para anular la elección. Por ejemplo, existen documentos de colectivos como el “Conteo Ciudadano” que argumentan múltiples irregularidades y afirman que el resultado es ilegítimo, pero carecen de efectos jurídicos que modifiquen la situación actual del Poder Ejecutivo.
4. Alegatos constitucionales sobre usurpación o “fraude” no han sido respaldados por la Corte o TEPJF:
Contra lo que circula en ciertas críticas político-mediáticas, no hay resolución de la Suprema Corte ni del Tribunal Electoral que declare que Sheinbaum sea “usurpadora” o que su mandato sea inválido conforme a la Constitución. La autoridad jurisdiccional competente ha dicho expresamente que el proceso cumplió con los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad.
5. Críticas institucionales persistentes:
Organizaciones, opositores y voces periodísticas continúan subrayando problemas, por ejemplo, en torno a reformas electorales o acciones del gobierno que, a su juicio, afectan la equidad democrática. Por ejemplo, el PAN presentó quejas ante el INE acusando a la presidencia de violar normas sobre uso de recursos públicos y propaganda personalizada, aunque algunas de estas quejas han sido resueltas en favor del gobierno o siguen procesos jurisdiccionales.
Legalmente, Claudia Sheinbaum es la presidenta constitucional de México, tras una elección validada por las autoridades electorales competentes y confirmada por el Tribunal Electoral. Sus críticos pueden argumentar sobre legitimidad o irregularidades, pero hasta el momento no existe una resolución legal que revoque su mandato o que declare nulo su triunfo.
El debate político continuará fuerte en el país, pero la posición de Sheinbaum como titular del Poder Ejecutivo se sostiene conforme al marco jurídico vigente y a las decisiones de las instancias que lo interpretan y aplican.
(Con información de Jorge Ciervo)
