Aprobación de la Ley de Aguas desata alertas por posibles afectaciones a campesinos y comunidades
Por Rebeca Solano
La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas provocó una oleada de críticas de organizaciones campesinas, especialistas y activistas, quienes advierten que la reforma representa uno de los mayores retrocesos en materia de derechos hídricos y soberanía sobre los recursos naturales.
De acuerdo con estas voces, la iniciativa —impulsada y aprobada por la mayoría oficialista— podría centralizar el control del agua en manos del Gobierno Federal, generando impactos directos para campesinos, productores agrícolas y comunidades rurales que dependen del acceso al recurso para subsistir.
Los colectivos denunciaron que la reforma permitirá una mayor discrecionalidad en la administración de concesiones, además de abrir la puerta a conflictos por uso de tierra y agua, en un contexto donde el campo ya enfrenta recortes presupuestales y falta de apoyos productivos.
Asimismo, alertaron que la legislación podría facilitar la intervención del Estado en propiedades y recursos comunitarios, lo que califican como un golpe al patrimonio rural y un riesgo para los derechos agrarios.
Otro de los señalamientos apunta a que la aprobación de esta ley forma parte de un paquete de cambios de mayor alcance, entre ellos la eventual propuesta de una nueva Constitución, iniciativa que el gobierno ha mencionado como parte de su proyecto político.
En el sector social también generó preocupación el anuncio de que a partir del próximo año el servicio militar será obligatorio para el 100% de los jóvenes, lo que para organizaciones civiles podría aumentar la tensión en un país marcado por la violencia y la militarización.
Campesinos y activistas concluyeron que la reforma hídrica podría agravar la crisis en el campo, aumentar la inequidad en el acceso al agua y profundizar la confrontación entre comunidades y gobierno.
