Por presunta corrupción y tráfico de influencias se descarriló el Tren Interoceánico
Por Rebeca Solano
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo 28 de diciembre, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 36 hospitalizadas, estaría vinculado a una red de corrupción, tráfico de influencias y negocios irregulares que habría carcomido desde dentro el llamado “proyecto histórico del Tren del Progreso”.
Un audio recientemente revelado expone cómo Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y nombrado supervisor “honorífico” del Tren Interoceánico, habría intervenido directamente para favorecer intereses privados, particularmente los de su amigo Amílcar Olán.
De acuerdo con el contenido del audio, “Bobby” López Beltrán habría gestionado el acceso a minas de material pétreo en Oaxaca, así como el negocio del balasto, insumo clave para la infraestructura ferroviaria, en beneficio de Olán, con quien mantiene una relación cercana.
Amílcar Olán no es un personaje menor en esta trama. En otro audio previamente difundido, se le escucha afirmar de manera cínica:
“Ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”, frase que hoy cobra especial relevancia tras el accidente mortal.
Las grabaciones también revelan gestiones ante funcionarios federales, referencias a decisiones tomadas desde oficinas de alto nivel, y la intención de asegurar el control de parques industriales, concesiones y contratos, utilizando intermediarios y empresas fachada para monopolizar el negocio de materiales y administración.
En uno de los fragmentos se menciona incluso a Raquel Buenrostro, señalada como funcionaria con poder de decisión en los parques industriales, así como reuniones en Coatzacoalcos y Oaxaca para “pelotear” acuerdos y definir beneficiarios.
El caso pone en entredicho no solo la seguridad del Tren Interoceánico, sino la integridad de uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado, al exhibir cómo intereses privados y redes de compadrazgo habrían prevalecido sobre la supervisión técnica y la seguridad operativa.
Hasta el momento, no existe una investigación oficial anunciada que esclarezca si estas presuntas irregularidades están directamente relacionadas con el descarrilamiento. Sin embargo, las revelaciones reavivan el debate sobre la opacidad, el uso político de proyectos de infraestructura y la impunidad en las altas esferas del poder.
