Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez / Internet
Por: Alberto Mejía
Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez no desaparecieron por azar: fueron silenciadas por atreverse a enfrentar redes de poder político, empresarial y criminal en Oaxaca. Su lucha por el territorio, la justicia y los derechos humanos las convirtió en blanco de persecución.
Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en marzo de 2021 tras participar en una protesta en Nochixtlán. Denunciaba actos de corrupción en el gobierno municipal. Irma Galindo desapareció tras documentar la tala ilegal en San Esteban Atatlahuca, actividad permitida por autoridades locales en complicidad con grupos criminales. Sandra Domínguez acompañaba casos de violencia contra mujeres y señalaba a funcionarios que hoy forman parte del gobierno estatal.
“Nunca tuvo miedo de señalar a las autoridades”, recuerda Aracely Domínguez, hermana de Sandra. “Claudia se convirtió en un problema porque pedía ayuda para su comunidad”, dice Sara, hermana de Uruchurtu. Para el director del Cedhapi, Maurilio Santiago Reyes, la desaparición de Irma fue una represalia directa: “Los hombres de poder no iban a permitir que alguien denunciara la devastación del bosque”.
Estado, crimen y negocios: una triada que opera con impunidad
La organización Educa Oaxaca señala que las desapariciones ocurrieron en un contexto donde se entrelazan autoridades, empresas y crimen organizado, lo que diluye la responsabilidad directa del Estado, pero no lo exime. Marcos Leyva, su director, explica: “Antes la represión venía directamente del Estado; ahora, se disfraza en esta triada que actúa con la misma impunidad”.
Esta situación se agravó, añade, durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que rompió con los movimientos sociales y recurrió a su criminalización. A nivel estatal, el gobernador Salomón Jara (Morena) ha seguido esa línea, descalificando a quienes cuestionan sus decisiones.
En Oaxaca, Morena gobierna en más de una tercera parte de los 152 municipios regidos por partidos políticos. En los 418 restantes, que se rigen por sistemas normativos indígenas, persiste la resistencia organizada, como la que hoy se enfrenta al Tren Interoceánico y sus 12 polos de desarrollo.
México: país letal para defensores
Entre 2008 y 2023 desaparecieron 93 personas defensoras del ambiente y el territorio en México; 39 siguen sin ser localizadas. De ellas, 62 eran indígenas: nahuas, yaquis, mixtecos, entre otros. Los estados más peligrosos son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora y Jalisco.
Solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), se documentaron 225 asesinatos de defensores, de los cuales 58 ocurrieron en Oaxaca, que encabeza la lista nacional. Le siguen Guerrero (39) y Michoacán (21). Además, se reportaron 23 desapariciones en ese mismo periodo, entre ellas las de Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido acciones urgentes al Estado mexicano exigiendo su búsqueda inmediata.
