Denuncian crimen político y colusión entre autoridades y cárteles en Michoacán
Por Rebeca Solano
Diversas acusaciones ciudadanas señalan que el asesinato de Carlos Manzo habría sido un crimen político, presuntamente relacionado con su intención de disputar espacios de poder a Morena y enfrentar a grupos criminales en la entidad.
De acuerdo con los señalamientos, Manzo era visto como un perfil con posibilidades reales de llegar a la gubernatura, lo que —afirman— lo convirtió en un obstáculo para intereses políticos y del crimen organizado. Las denuncias sostienen que fue “el único que se armó de valor” para confrontar a los cárteles y que por ello fue eliminado.
Las críticas también apuntan directamente al gobernador, al secretario de Gobierno y al fiscal, a quienes acusan de recibir millones de pesos y de permitir la expansión del crimen organizado. Según estas versiones, en el país operan al menos 17 cárteles, lo que evidenciaría una crisis de gobernabilidad y una presunta colusión entre políticos y narcotráfico.
En el plano social y económico, los denunciantes señalan el abandono al campo, al acusar que el maíz se paga hasta en 4 pesos, mientras la harina se vende a más de 20, lo que ha llevado a que el precio de la tortilla alcance entre 25 y 30 pesos. A esto se suma el cierre de carreteras en varias regiones como forma de protesta ante la violencia y la falta de respuesta oficial.
Asimismo, se cuestiona el discurso federal que minimiza la inseguridad en estados como Michoacán, mientras —afirman— la violencia es cotidiana y se mantiene un silencio institucional frente a los asesinatos y desplazamientos.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido de manera puntual a estas acusaciones, que continúan circulando en espacios públicos y redes sociales, alimentando la percepción de impunidad y hartazgo social ante la violencia y la crisis política en la entidad.
