Nueve familias de Coatepec denuncian despojo con escrituras falsas; acusan a jueza y notarios de validar un “Cártel Inmobiliario”/Teleclic
Por Redacción
Al menos nueve familias de la localidad de Zimpizahua, en Coatepec, viven bajo la amenaza de perder sus propiedades a pesar de contar con escrituras, pago de predial y toda su documentación en regla, debido a un presunto entramado de corrupción que los afectados califican como parte del “Cártel Inmobiliario” en Veracruz.
Las familias —entre ellas Nilda Clara Enríquez Rodríguez, Francisco Martínez Hernández, César Augusto Martínez Hernández, Joaquín Alcántara Ceballos y la familia Suárez— denunciaron que una jueza validó escrituras apócrifas y permitió la adjudicación ilegal de casi nueve hectáreas, mediante un juicio donde jamás fueron notificados los verdaderos propietarios.
Los afectados hicieron un llamado urgente al titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para que se detengan las irregularidades en las instituciones bajo su responsabilidad. Recordaron que de dicha dependencia depende el Registro Público de la Propiedad, Catastro Municipal y los notarios, áreas que, aseguran, habrían permitido o participado en actos irregulares que ponen en riesgo su patrimonio.
“Esperamos que el secretario Ahued nos reciba; de él depende poner orden en todo esto”, señalaron.
El conflicto estalló cuando apareció una escritura de 1963, supuestamente elaborada por el notario Rafael Luengas, la cual presenta múltiples inconsistencias. Este documento fue utilizado para promover el juicio 873/2023 en el Juzgado Segundo de Coatepec, sin que ninguno de los propietarios legítimos fuera llamado o informado.
“Jamás nos avisaron. No sabíamos que había un juicio donde prácticamente nos estaban quitando nuestras tierras”, dijo uno de los afectados.
La documentación irregular adjudica las nueve hectáreas a dos personas: Ismael Ruiz Mestizo y Jorge Luis Osorio López, quienes fueron declarados propietarios en una escritura generada en rebeldía dentro del juicio. Posteriormente, ambos dividieron la supuesta copropiedad en tres fracciones y comenzaron a intentar venderlas, utilizando avisos preventivos inscritos en el Registro Público, a pesar de la existencia de propietarios legítimos con décadas de posesión.
Los habitantes también señalaron la intervención del notario José Alberto Polito Sánchez, titular de la Notaría Pública 10 de Ayahualulco, quien validó y certificó actos vinculados a esta operación, reforzando el entramado que permitió el presunto despojo.
Asimismo, expusieron que, a partir de la escritura “aparecida” de 1963, Guillermo Salvador Castro promovió una supuesta herencia de los terrenos, misma que luego habría vendido a Ruiz Mestizo y Osorio López, detonando el conflicto que hoy podría dejar a varias familias sin su tierra ni sus viviendas, pese a tener la propiedad legalmente acreditada.
Los afectados exigieron la intervención inmediata del Gobierno estatal y una revisión profunda del caso, al advertir que este esquema podría replicarse en otras regiones si no se frenan las redes de corrupción inmobiliaria que operan dentro de las instituciones.
(Con información de Al Calor Politico)
