Alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro
Por Rebeca Solano
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la tequilera José Cuervo presentó una denuncia penal contra el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros funcionarios del ayuntamiento, a quienes acusa de extorsión por exigir 60 millones de pesos a cambio de no colocar sellos de clausura a una de sus plantas.
En rueda de prensa este jueves, el fiscal detalló que la empresa denunció cobros excesivos por concepto de impuesto predial y permisos municipales, así como la negativa sistemática del ayuntamiento para otorgar licencias, pese a que la compañía realizó las gestiones correspondientes.
“Denuncian un cobro excesivo del predial y de los permisos que aparentemente no tenían. Sin embargo, refieren que hicieron las gestiones necesarias y curiosamente no los han podido obtener”, explicó González de los Santos.
Un día antes, representantes de Cuervo y el alcalde Rivera Navarro alcanzaron un acuerdo para que el pago de licencias de operatividad, construcción e impuesto predial fuera de aproximadamente 17 millones de pesos, es decir, menos de una tercera parte de los 60 millones que el ayuntamiento exigía originalmente para evitar la clausura de la planta Cuervo 1800, considerada emblema de la industria tequilera.
La intervención directa del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue clave para impedir la clausura, luego de ordenar la presencia de policías y bomberos, al advertir que apagar de forma súbita las calderas —como pretendía el personal municipal— podría provocar una explosión. El mandatario señaló entonces que la empresa estaba en su derecho de denunciar una posible extorsión, lo que Cuervo hizo de inmediato.
No obstante, el fiscal contradijo la versión del gobernador, quien había señalado la existencia de otras quejas de tequileras por presuntos actos de extorsión municipal. González de los Santos afirmó que hasta ahora solo existe la denuncia de Cuervo.
“Desconozco si haya otras denuncias; es posible que algunas se hayan presentado ante la Fiscalía Anticorrupción”, puntualizó.
El fiscal confirmó que la investigación continúa y que, de acuerdo con los avances, la presunta extorsión estaría vinculada a la retención de permisos municipales como mecanismo de presión, bajo el argumento de que la empresa debía pagar los 60 millones de pesos exigidos por el ayuntamiento.
