María Amparo Casar
Por Rebeca Solano
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con información oficial, el caso deriva de la pensión posmortem concedida tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar, ocurrido el 7 de octubre de 2004. Pemex sostiene que Márquez Padilla solo laboró 129 días en la empresa productiva del Estado, durante el sexenio de Vicente Fox, lo que vuelve jurídicamente cuestionable el otorgamiento del beneficio.
Según la investigación, la solicitud de la pensión se realizó de manera inmediata, con efectos al día siguiente del fallecimiento. La FGR estima que el monto recibido habría sido de aproximadamente 125 mil pesos mensuales lo que representaría un daño patrimonial cercano a los 31 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra Casar y dos personas más, al considerar que los hechos encuadran en el artículo 217 del Código Penal Federal, el cual sanciona el uso indebido de atribuciones tanto a servidores públicos como a particulares. Las penas previstas van de seis meses a doce años de prisión, además de multas económicas.
La audiencia inicial está programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se formularán formalmente las imputaciones. Aunque el delito no está clasificado como grave y permitiría enfrentar el proceso en libertad, la judicialización del caso marca un episodio relevante en la revisión de pensiones, privilegios y beneficios obtenidos al amparo del poder.
Cabe señalar que en febrero de 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión; no obstante, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, mediante el cual un juzgado ordenó la restitución provisional del pago mientras se resuelve el fondo del asunto.
El caso resulta particularmente incómodo para el entorno político de Claudia Sheinbaum, así como para ciertos medios y figuras públicas que han construido una narrativa selectiva del combate a la corrupción, pese a que diversos señalamientos documentados han expuesto actos irregulares vinculados al sexenio de López Obrador y a su círculo político.
La investigación permanece en curso y su desenlace podría sentar un precedente en la fiscalización de pensiones irregulares y beneficios indebidos dentro de empresas del Estado.
