Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador / Internet
Por: Rebeca Solano
Por presunta red de huachicol: Simón Levy
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentaría sanciones penales por parte del gobierno de Estados Unidos debido a su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos vinculada a Pemex, según reveló el analista Simón Levy en entrevista con el periodista Salvador García Soto, durante el noticiero A la una.
En el programa, transmitido por radio y disponible en YouTube, Levy aseguró que existen testimonios y documentos de personas cercanas a López Beltrán, que forman parte de denuncias concretas relacionadas con actividades ilícitas en el puerto de Ensenada, Baja California.
“Ya hay una incriminación penal… es un tema que ya está catalogado como terrorismo”, advirtió el analista.
El caso, explicó, va más allá del robo de combustible. También se vincula con las investigaciones en curso sobre los casos de Agronitrogenados y Emilio Lozoya, y ha derivado en acciones legales por parte del gobierno estadounidense.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México habría detectado movimientos sospechosos en tres bancos, mismos que fueron retomados por agencias estadounidenses. Levy aseguró que la ausencia de López Beltrán del espacio público desde el 5 de junio, así como la eliminación de sus perfiles en redes sociales, coincide con las primeras filtraciones del caso.
En la misma entrevista se mencionó que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial, también estaría bajo investigación por presuntos vínculos con grupos radicales internacionales, entre ellos Hamás y actores del régimen iraní, lo que habría motivado acciones de inteligencia por parte de Estados Unidos.
Levy reveló que existe una lista de 300 mexicanos señalados como personas non gratas en EE.UU., que incluye a políticos, empresarios, artistas y deportistas, varios de los cuales ya habrían perdido su visa.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el analista aseguró que hay cooperación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las agencias estadounidenses, especialmente en materia de inteligencia financiera y aduanera.
Finalmente, adelantó que cuatro gobernadores mexicanos estarían negociando su colaboración como testigos protegidos con el gobierno estadounidense para evitar ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico.
