ASF detecta irregularidades millonarias en gobiernos de Nuevo León y Morelos, pero aplica criterios distintos
Por Rebeca Solano
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en contratos financiados con recursos federales en los gobiernos de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda (MC), y de Morelos, gobernado por la morenista Margarita González Saravia Calderón. Sin embargo, el organismo fiscalizador aplicó criterios distintos en ambos casos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su imparcialidad y consistencia en la fiscalización del gasto público.
De acuerdo con el informe de la ASF correspondiente a 2023, en Nuevo León se revisó una muestra de 62 contratos otorgados y pagados con recursos federales, donde los auditores determinaron falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como ausencia de evidencia que acreditara la entrega de los bienes o el cumplimiento del objeto de los contratos.
Por estas irregularidades, la ASF presumió un daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 192 millones 334 mil pesos.
En contraste, en el caso de Morelos, la ASF examinó contratos de los Servicios de Salud del Estado, también del ejercicio 2023. Los auditores recopilaron una gran cantidad de información —27 CD, un USB y varios anexos— y detectaron nuevamente la falta de información contractual: número de contrato, proveedor, RFC, partida presupuestal y documentación que acredite o justifique los gastos realizados, por un monto mucho mayor: mil 151 millones 242 mil pesos.
No obstante, la ASF no emitió pliego de observaciones ni presumió daño a la Hacienda Pública, sino que optó únicamente por una “solicitud de aclaración”, invitando al gobierno de Morelos a aportar más información. Este procedimiento está permitido en la normativa del organismo, pero sólo en casos excepcionales.
En ambos gobiernos estatales, no se pudo comprobar la entrega de bienes o servicios contratados con fondos federales, pero la ASF aplicó una normativa distinta, sancionando con rigor a Nuevo León y mostrando indulgencia con Morelos.
El hecho ocurre en un contexto de cambios internos en la ASF y de cuestionamientos sobre su autonomía frente al poder político, luego de los recientes movimientos en áreas clave del órgano fiscalizador.
En total, las irregularidades suman más de 1,343 millones de pesos sin justificar plenamente, lo que representa un grave riesgo de daño al erario público y pone en duda la equidad en la vigilancia del gasto federalizado.
