7 de diciembre de 2025

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez

Por Rebeca Solano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue condenado por un jurado federal en Houston por sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), en un caso que involucra corrupción transnacional y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rovirosa Martínez enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión tras haber sido declarado culpable de un cargo de conspiración y dos cargos por violar la FCPA.

El Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, señaló que con este fallo Estados Unidos envía un mensaje contundente contra la corrupción, al advertir que no se tolerarán esquemas de soborno operados desde territorio estadounidense, ya sea que los pagos ilícitos se realicen dentro o fuera del país.

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Rovirosa Martínez pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), con el propósito de retener contratos, acelerar pagos y obtener ventajas indebidas en negocios con Pemex y sus subsidiarias, en beneficio de empresas vinculadas a él.

Las investigaciones revelan que entre 2019 y 2021, Rovirosa y sus cómplices, entre ellos Mario Alberto Ávila Lizárraga, ciudadano mexicano radicado en Texas, ofrecieron y entregaron sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros bienes de alto valor a al menos tres funcionarios de Pemex, para que intervinieran a favor de sus empresas.

El comunicado oficial detalla que estas prácticas ilícitas permitieron obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares, consolidando beneficios económicos derivados de la corrupción.

El Departamento de Justicia confirmó que Mario Alberto Ávila Lizárraga permanece prófugo, y es buscado por su participación en el esquema delictivo.

“La condena responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él”, declaró Jeffrey D. Pittano, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, al subrayar la gravedad del caso y su alcance internacional.