4 de noviembre de 2025

 

La Cámara de Comercio lanza dura advertencia

Por Rebeca Solano

Un documento interno de la U.S. Chamber of Commerce encendió las alarmas diplomáticas entre México y Estados Unidos al acusar al gobierno mexicano de incumplir sistemáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un informe de 39 páginas, la organización empresarial más poderosa de Estados Unidos sostiene que México está “socavando la autonomía judicial y regulatoria”, y que la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal “amenaza el Estado de Derecho” y viola el trato justo y equitativo establecido en el T-MEC.

La Cámara acusa al gobierno mexicano de:

  • Desmantelar reguladores autónomos y debilitar la independencia judicial.
  • Hostigar fiscalmente a las empresas extranjeras mediante recargos retroactivos del SAT.
  • Modificar sin previo aviso las reglas aduaneras, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
  • Otorgar privilegios ilegales a Pemex y CFE, distorsionando la competencia en el sector energético.
  • Bloquear la innovación farmacéutica mediante la COFEPRIS, que —según el reporte— retrasa registros sanitarios y desconoce patentes vigentes.

El documento califica estas acciones como “violaciones sistemáticas” del tratado comercial y advierte que erosionan la confianza de los inversionistas y ponen en riesgo la integración económica de América del Norte.

La U.S. Chamber of Commerce exhorta al gobierno estadounidense a “garantizar el cumplimiento total del T-MEC” y a activar paneles de disputa y medidas correctivas si México no corrige el rumbo.

El mensaje es directo y severo: México se ha convertido —según la Cámara— en un socio poco confiable, que “subordina la ley a la política”, espanta la inversión extranjera y pone en peligro su permanencia dentro del bloque norteamericano.

La publicación del informe ocurre en medio de un creciente malestar empresarial por las reformas regulatorias y energéticas promovidas desde Palacio Nacional, consideradas por analistas como un retroceso en materia de apertura económica y Estado de Derecho.